El individuo, identificado como Gustavo Gutiérrez, desempeñaba funciones en la Dirección de Higiene Urbana. Anteriormente, había sido asesor de una concejal local, Claudia Villalba.
Las autoridades señalaron que una investigación interna realizada por la División Unidad de Control de la Dirección de Recursos Humanos reveló las faltas, que ocurrieron entre el 11 de abril y el 2 de junio del año pasado. Como consecuencia, se le abrió un sumario administrativo.
Las inasistencias, además, no contaban con certificados médicos que las justifiquen. En varias ocasiones, los inspectores se presentaron en su domicilio sin obtener respuestas. Finalmente, descubrieron a Gutiérrez trabajando en la peluquería durante sus horas de empleo municipal.
Con las pruebas reunidas a partir del sumario, el Departamento Ejecutivo decidió aplicar la sanción de cesantía, conforme a la Ordenanza de Escalafón Municipal N° 11.275/49. Medios locales han indicado que este caso marcó un punto de inflexión, dado que previamente se habían detectado situaciones similares.
Recientemente, otro agente del área de Cementerios, Rubén Torres, también fue objeto de un sumario administrativo por registrar 70 ausencias injustificadas entre el 27 de junio y el 9 de octubre del año pasado. Los informes de Recursos Humanos concluyeron que sus inasistencias carecían de respaldo documental y que ya se le aplicaban descuentos en su salario debido a la falta de puntualidad y a las ausencias no avisadas.
La investigación sobre este último empleado aún está en curso, y se determinará si habrá sanciones que podrían incluir la cesantía.
Además, se dio a conocer un caso que involucra a cuatro empleados municipales condenados por el delito de “peculado de servicios”, que se refiere a la corrupción en la que un funcionario utiliza recursos públicos para beneficio personal o de terceros. Este caso tuvo origen en un viaje realizado en agosto de 2018, cuando los empleados utilizaron una camioneta del municipio para trasladarse a Encarnación, Paraguay, junto a familiares y para fines personales.
Con la condena judicial ya confirmada y ante la falta de renuncia de los empleados tras un acuerdo durante el proceso penal, el Ejecutivo municipal dispuso la apertura de un sumario administrativo y les impuso una sanción de 45 días de suspensión sin remuneración.
