Se anticipa que en la mayoría de las escuelas del país las aulas permanecerán cerradas debido al paro convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).
Durante el fin de semana, autoridades del Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, criticaron la huelga y advirtieron que, si se ejecuta como está previsto, se estaría infringiendo la normativa aprobada por el Congreso a principios de este año.
El artículo 24 de la ley 27.802 establece que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación” de servicios considerados esenciales deben garantizar una cobertura mínima del 75 por ciento. Entre estos servicios se encuentran “el cuidado de menores y la educación en niveles de guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial”.
Este aspecto ha sido objeto de litigio por parte de la Unión Docentes Argentinos (UDA), encabezada por Sergio Romero, aunque el Estado apeló la decisión del juzgado laboral N° 74, que temporariamente suspendió la declaración de esencialidad para la educación.
Así, la administración actual ha logrado que la reforma siga plenamente vigente mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
Ante esta situación, desde la Casa Rosada se ha implementado un plan para supervisar la actividad en los colegios estatales el lunes, con el objetivo de identificar aquellos lugares donde no se cumpla con el requisito legal.
Fuentes consultadas indicaron que, de encontrarse irregularidades, las autoridades nacionales procederán a realizar la denuncia correspondiente. “Se iniciará un proceso sancionador si se incumple lo establecido. No sería la primera vez que se sanciona a un sindicato por infringir una conciliación obligatoria”, resaltó un funcionario.
Desde Balcarce 50 señalaron que “sería un proceso extenso” el que comenzaría en tal escenario, pero aclararon que “la primera medida será una multa”.
“Ojalá no sea el caso, ya que lo que se busca, en última instancia, es que haya clases, pero si no se respeta el 75% de capacidad, se aplicarán las sanciones pertinentes y se comunicará oportunamente”, enfatizó el Gobierno.
En este contexto, el domingo, Pettovello convocó de forma urgente al Consejo Federal de Educación, compuesto por los ministros del área de cada provincia y de la ciudad de Buenos Aires, para abordar la problemática de manera conjunta.
En la reunión virtual, el secretario nacional, Carlos Torrendell, reiteró a sus pares que se exigirá el cumplimiento de la reforma laboral. “Se coordinaron las acciones necesarias para garantizar la continuidad de las clases en todo el país y para articular la inspección nacional durante la jornada de paro nacional del lunes 3 de agosto”, comentó Pettovello.
Desde el Ministerio, se enfatizó que es “la primera vez que ocurre algo así en este contexto, bajo la nueva ley”, mientras se mantenía la atención en las reacciones de CTERA.
El sindicato había confirmado días atrás un paro de 24 horas en todas las escuelas del país, en respuesta a la negativa del Gobierno a convocar a la Paritaria Nacional Docente.
El gremio sostiene que el salario mínimo de un profesional en su sector se mantiene en 500 mil pesos, por lo que exige un aumento significativo y la restitución del FONID, el fondo destinado a pagar incentivos a los educadores, que fue eliminado en 2024.
Por su parte, el Gobierno enfatiza que “la fijación de los salarios corresponde a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son los verdaderos empleadores de los docentes”, y no a la administración nacional.
Desde el Ministerio recordaron que esta situación se ha mantenido desde 1992, por lo que no interviene directamente en la negociación de condiciones laborales, calendario educativo, salario mínimo y otros aspectos relacionados a la carrera docente.
Asimismo, la cartera indicó que la propia CTERA judicializó la norma y obtuvo una medida cautelar que suspendió un decreto que delegaba al Consejo Federal la definición de estos asuntos, generando “un conflicto innecesario que complica el diálogo institucional”.
“Son las provincias, junto con las organizaciones gremiales, quienes establecen las condiciones salariales a través de la negociación: el Estado nacional no forma parte de una supuesta paritaria nacional docente, porque, simplemente, no es el empleador de los docentes”, argumentaron.
En este sentido, el Ministerio acusó al sindicato de “amenazar con un paro ilegítimo que afecta el derecho a la educación de los estudiantes argentinos” por no haber encontrado “respaldo en el ámbito judicial”.
Para ilustrar lo que podría suceder el lunes si se avanza con la medida de fuerza, desde Capital Humano recordaron el caso reciente de La Fraternidad, multada con más de $21.000 millones por participar en un paro de la CGT que violó una conciliación obligatoria.
Aunque el proceso es largo y complicado, las autoridades nacionales advierten que, debido al incumplimiento de la ley, los gremios podrían eventualmente perder su personería, aunque reconocen que este desenlace es más difícil de alcanzar.
