Este dirigente logró transitar por diversas corrientes del peronismo con profesionalismo y diálogo. Su trayectoria es una de las más versátiles dentro del Partido Justicialista. Nació en Buenos Aires el 2 de agosto de 1950, completó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional de Buenos Aires en 1968 y se graduó como abogado en la Universidad de Buenos Aires en 1974. Desde su juventud, estuvo involucrado en la militancia peronista, iniciando su carrera política como asesor de Deolindo Bittel entre 1976 y 1983. Durante este oscuro período, contribuyó a la elaboración de documentos que denunciaban violaciones a los derechos humanos.
Esta experiencia inicial marcó una carrera que, lejos de alinearse con una única facción, lo llevó a ser parte de equipos gubernamentales de diversas tendencias. Colaboró con Carlos Grosso en la política porteña, fue funcionario durante la gestión de Carlos Menem, desempeñándose varios años como viceministro del Interior, y ocupó la Secretaría de Seguridad Interior convocado por Eduardo Duhalde, quien también lo eligió como jefe de campaña presidencial en 1999. Posteriormente, se acercó a Néstor Kirchner, a quien había conocido previamente como gobernador de Santa Cruz.
A pesar de su vínculo con el menemismo, Iribarne siempre destacó que nunca se sintió parte de ese movimiento y subrayaba que no había proyectado una carrera política, aunque su vocación por el peronismo lo acompañó desde joven.
Su habilidad para relacionarse con distintos sectores del peronismo, frecuentemente en desacuerdo entre ellos, fue considerada su característica distintiva, según quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo. Era un líder de bajo perfil, poco propenso a la exposición mediática, que priorizó el diálogo sobre la confrontación. Su relación cercana con Alberto Fernández, forjada en el contexto del peronismo porteño, resultó crucial para su nombramiento como ministro de Justicia en 2005, un cargo que ocupó hasta el final del mandato de Kirchner en 2007.
Durante su gestión, se produjo la reapertura de juicios por delitos de lesa humanidad, tras la declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final por parte de la Corte Suprema en 2005. Promovió la creación de una comisión de juristas, en la que participó Carlos Berald, con el fin de trabajar en un proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Estuvo a cargo del Servicio Penitenciario Federal, que dependía del Ministerio de Justicia.
Como ministro, defendió la decisión de Néstor Kirchner de autolimitarse en el nombramiento de jueces y fiscales mediante la emisión de los Decretos 222 y 558 en 2003. Estos decretos establecían la publicidad de las postulaciones para los cargos judiciales, permitiendo que ciudadanos e instituciones expresaran sus observaciones, además de limitar aún más el rol del Poder Ejecutivo en la selección de magistrados tras la reforma de 1994. Al dejar su cargo en diciembre de 2007, fue propuesto como embajador ante la Santa Sede, pero su postulación fue rechazada por la falta de aceptación del plácet debido a su estado civil de divorciado. Después de ocho meses, Iribarne decidió renunciar a esa candidatura.
Años más tarde, en 2019, durante la presidencia de Alberto Fernández, asumió el cargo de embajador argentino en Uruguay. En esta función, se dedicó a reforzar los lazos culturales, sociales y comerciales entre ambos países del Río de la Plata.
Además de su trayectoria política, Iribarne construyó una relevante carrera académica y profesional en el ámbito jurídico. Fue docente en las facultades de Ciencias Económicas, de Filosofía y Letras y de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y también brindó clases en la Universidad del Salvador. Publicó tres libros, compendió otro y escribió numerosos artículos de opinión y análisis político en diversos medios argentinos. Más allá de sus responsabilidades públicas, siempre priorizó el tiempo para compartir con su familia y el cariño hacia sus hijos y nietos.
