La audiencia está programada para llevarse a cabo en los tribunales federales de Comodoro Py, comenzando con las últimas palabras de los imputados que aún no han hecho uso de este derecho, antes de que los jueces den a conocer su veredicto.
Este proceso legal investiga el supuesto desvío de fondos públicos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales, gestionados por la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
De acuerdo con la acusación, alrededor de 206 millones de pesos habrían sido mal utilizados en lugar de ser invertidos en las obras correspondientes en distintas localidades del país.
El fiscal Diego Velasco, junto a la Unidad de Información Financiera (UIF), ha solicitado una pena de seis años de prisión para De Vido, López, y los hermanos Schoklender, así como para el exsubsecretario de Obras Públicas, Abel Fatala. Los señala como coautores de administración fraudulenta en detrimento del Estado.
También se han solicitado penas de cuatro años para otros exfuncionarios que aparecen en la causa, por su supuesta complicidad en las irregularidades investigadas.
Por su parte, las defensas pidieron la absolución de los nueve acusados y arguyeron que la acción penal ha prescripto. El debate sobre la prescripción se ha convertido en un tema crucial en la fase final del juicio. Los abogados defensores argumentaron que el plazo máximo de seis años para el delito ya había expirado, considerando como último acto interruptivo la citación a juicio oral del 8 de julio de 2020.
La Fiscalía rechazó esta interpretación y sostuvo que, según sus cálculos, el plazo prescriptivo vencería el martes 15 de septiembre, un día después de la fecha programada para el veredicto. Además, argumentó que la prescripción no debería favorecer a quienes continuaron trabajando como funcionarios públicos.
Por lo tanto, el tribunal deberá resolver no solo sobre la culpabilidad de los acusados, sino también sobre los planteos de las defensas en relación con el paso del tiempo.
El veredicto, que en un principio estaba pautado para el viernes pasado, fue pospuesto por el TOF 5 hasta el martes. Durante la última audiencia, Sergio Schoklender hizo uso de su derecho a hablar, mientras que De Vido, López, Pablo Schoklender y Fatala decidieron no hacerlo.
Con la decisión que se adopte en la jornada del martes, el tribunal alcanzará una etapa decisiva en uno de los juicios más prolongados relacionados con la gestión de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales.
