El operativo abarcó un área de más de 10 hectáreas en el sector donde fue visto por última vez el 17 de mayo pasado. Según trascendió, la coordinación de la búsqueda involucró a agentes de Inteligencia Criminal, personal de la Dirección de Investigaciones y efectivos de diversas unidades policiales. A pesar de la amplia cobertura, el rastrillaje concluyó sin novedades sobre el paradero del joven.
Al operativo se unieron agentes de los Departamentos Multiagencial de Emergencias, la División Canes, la División Caballería y efectivos de las Comisarías Primera, Segunda y Tercera de Fontana. También colaboraron la Dirección de Bomberos Metropolitana y la Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental, que aportaron recursos humanos y logísticos. La Policía Caminera participó en el control de accesos, brindando apoyo en puntos estratégicos del operativo.
A principios de junio, las autoridades realizaron otro rastrillaje, esta vez terrestre y fluvial, en diferentes sectores de la ciudad, que cubrieron 45 hectáreas, especialmente en el barrio Takay y en las proximidades del río Negro.
Como parte de esta tarea, se incluyeron perros de búsqueda, drones y embarcaciones. De acuerdo con lo que se ha informado, los drones permitieron ampliar la búsqueda en áreas de difícil acceso y con densa vegetación.
En lo que respecta a las tareas realizadas en el río Negro, agentes de la División Salvamento y Rescate de los Bomberos Metropolitanos realizaron un recorrido desde el barrio Puerto Vicentini hacia el norte, cubriendo un total de aproximadamente 3.500 metros hasta el Puente Bergagno.
Inicialmente, las autoridades manifestaron sospechas sobre la actuación de los efectivos que participaron en la búsqueda inicial. En este sentido, el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, señaló que el Equipo Fiscal Especial (EFE) había ordenado a la Dirección de Investigaciones que cesara su participación en las tareas investigativas.
Por otro lado, la fiscal Eugenia Arolfo, miembro del EFE, comunicó al titular de la Unidad Penal 7 (U7), Ricardo Vargas, sobre el traslado de los imputados en la causa por la desaparición de Axel González. Esta decisión se dio a conocer tras la resolución del EFE, que dispuso la prisión preventiva para Ramón “Cuno” Gómez, Leonardo Silva y Antonio Iñiguez.
Según se ha indicado, Gómez enfrenta cargos por amenazas simples, mientras que Silva e Iñiguez están imputados por encubrimiento. Esta medida se enmarca en la intervención de fuerzas federales en la causa y plantea un cambio en la custodia de los detenidos.
En paralelo, recuperaron la libertad Lorena Gómez (ex pareja de Axel González), Sergio “Cunito” Gómez (ex cuñado), Ariel Lázaro y Agustín Pucheta, quienes estaban vinculados como sospechosos, pero sin acusaciones formales que justificaran su detención continua.
Además, se confirmó que la apertura de los teléfonos celulares de los policías asignados a la Comisaría Segunda de Fontana, que estaban en servicio el día de la desaparición de González, fue encomendada a la Gendarmería Nacional. Este procedimiento tiene como fin clarificar posibles vínculos o irregularidades en el accionar policial durante el día en que se registró la desaparición del joven.
Desde que se depositaron los celulares, estos están almacenados en la Jefatura de la Región VIII de Resistencia, mientras que el resto de los dispositivos electrónicos serán analizados por el Escuadrón N° 15 “Bajo Paraguay”, con sede en Formosa.
