La relevancia de la Cámara Federal de Casación radica en que es el tribunal penal más alto del país, la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia. Esta Cámara supervisa los tribunales de juicio, revisando condenas, absoluciones y todo lo derivado de los debates orales en casos de corrupción, narcotráfico y trata de personas. Además, otorga el doble conforme, un requisito esencial en el proyecto de Ficha Limpia, destinado a evitar candidaturas de individuos condenados por delitos que afectan la opinión pública.
Un ejemplo notable de su función fue la decisión de reabrir la investigación sobre la muerte del fiscal Alberto Nisman, que posteriormente fue calificada como homicidio. Asimismo, la Cámara ha anulado las prisiones preventivas que pesaban sobre Cristina Kirchner, ha revocado sentencias y ha dispuesto la ejecución de bienes decomisados en la causa Vialidad, revisando también las condiciones de cumplimiento de condenas de aquellos que obtienen firmeza.
Actualmente, el Concurso 475 busca cubrir tres de los cuatro puestos vacantes en el máximo tribunal penal, un hecho que varios magistrados han calificado como “tres vacantes muy sensibles”. Desde el Consejo de la Magistratura se sostiene que este concurso es el “más importante” por la cantidad de cargos en juego y por la relevancia del lugar a ocupar.
Los cargos vacantes en la Cámara de Casación, que opera en el primer piso de Comodoro Py, quedaron libres tras la salida de los jueces Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani, Liliana Catucchi y Ana María Figueroa. Sin embargo, algunos miembros de la Cámara consideran que cubrir estos puestos no es una urgencia, como lo comentaron a un medio. Durante una reunión en abril con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, varios magistrados coincidieron en que la Casación está funcionando adecuadamente con sus nueve integrantes.
Desde el gobierno se evalúa la posibilidad de una nueva estructura en el tribunal. Fuentes oficiales señalaron que “es viable y se está analizando”. Al proporcionar más información, indicaron que se contempla “un proyecto para reducir la integración de la Cámara de Casación Penal y otros tribunales nacionales. La intención es que, con ese presupuesto, se puedan crear juzgados federales en el interior, especialmente en zonas fronterizas afectadas por el narcotráfico”.
Esto implica que las vacantes en discusión no serían necesarias de cubrir, incluyendo algunas posiciones en la Cámara del Crimen, según declaraciones de fuentes de la Casa Rosada.
Esta situación se encuentra en el contexto de una decisión reciente del secretario de Justicia, Santiago Viola. El Concurso 457, que se inició hace cinco años para completar tres cargos vacantes en la Casación, actualmente tiene un listado inicial con quince postulantes. Este orden provisorio ha sido impugnado por 25 participantes, algunos de los cuales no alcanzaron los 50 puntos en el examen escrito, a pesar de ser jueces en funciones.
Es importante resaltar que solamente cinco de los 43 concursantes (11%) solicitaron la intervención de consultores técnicos. Este listado se confeccionó en función del orden de mérito resultante del examen escrito, así como de las calificaciones de los antecedentes de los candidatos y las entrevistas personales. Aunque estaba previsto enviarlo al Poder Ejecutivo Nacional para las ternas de cada uno de los cargos, el proceso ha quedado estancado.
Las impugnaciones deben ser evaluadas conforme a lo estipulado por el reglamento, y ha surgido la necesidad de revisar los concursos con la participación de consultores externos, lo que es considerado una medida extraordinaria. En una nota fechada el 24 de junio, Santiago Viola y la consejera María Alejandra Provítola solicitaron el sorteo de consultores técnicos, un procedimiento que está previsto en el Reglamento del Consejo de la Magistratura.
Dicha solicitud fue dirigida a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial, presidida por Fernanda Vázquez, “en virtud del análisis integral de las impugnaciones y las solicitudes de designación de consultores técnicos de algunos de los postulantes”. La finalidad de esta consulta es brindar al proceso la “mayor transparencia”.
Fuentes del Consejo de la Magistratura indicaron que una revisión completa del proceso podría dar lugar a la nulidad de todo lo actuado en los últimos cinco años, que incluye un orden de mérito provisional. Según la normativa vigente, pueden ser designados hasta cuatro consultores técnicos que se encargarán de evaluar las observaciones a las calificaciones de los exámenes.
Han pasado cinco años desde la convocatoria, cuatro años desde la realización del examen y un año y medio desde que la subcomisión A, integrada por Provítola y Viola, tiene las impugnaciones a su cargo. Ahora se ha solicitado una revisión mediante consultores técnicos.
El orden de mérito provisorio se creó con base en las calificaciones de los jurados y la evaluación de los antecedentes de los postulantes. Los 15 primeros en este listado provisorio son: María Gabriela López Iñiguez (80 en examen + 86,75 en antecedentes = 166,75 puntos), José Antonio Michilini (70 + 95,95 = 165,95), Leonel Guillermo Gómez Barbella (70 + 84,50 = 154,50), Fernando Marcelo Machado Pelloni (60 + 93,90 = 153,90), y así continúan otros postulantes hasta completar el listado.
El jurado que corrige los exámenes no es el mismo que califica los antecedentes, y se observa que la mejor puntuación, con 80 puntos, corresponde a la jueza María Gabriela López Iñiguez, mientras que entre los siguientes diecinueve postulantes, la mayoría obtuvo puntajes variados.
