El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el nuevo Jefe de Gabinete Diego Santilli, contempla tres esquemas diferenciados.
El primero elimina de inmediato las retenciones para una amplia gama de productos con valor agregado. El segundo establece una reducción progresiva para aquellos bienes que actualmente tributan entre el 3% y el 4,5%, con un cronograma que finalizará en junio del próximo año. Por último, el tercer esquema establece un calendario específico para aceites de petróleo y sus derivados, que comenzarán con una alícuota del 7,3% en julio y también alcanzarán el cero en el lapso de un año.
Los sectores que se beneficiarán de la eliminación inmediata incluyen la industria química y petroquímica, los productos plásticos y resinas, fertilizantes, caucho, siderurgia, aluminio, cobre y otros metales industriales. La industria automotriz recibió un tratamiento especial; el texto del decreto destaca que este sector representa el 10% de la producción industrial del país y que Argentina ocupa el cuarto puesto a nivel mundial en el segmento de pick-ups, lo que justifica la inclusión de vehículos de transporte y carrocerías en el nuevo régimen.
Según el documento oficial, esta decisión busca “fortalecer la posición competitiva de la producción nacional”, fomentar el empleo y promover el agregado de valor, mientras el Gobierno asegura que la medida “no compromete los niveles de recaudación tributaria” ni el equilibrio fiscal. Para verificar si un producto se ve afectado por esta normativa, las empresas deberán consultar su posición arancelaria en la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) y compararla con los anexos del decreto, que están disponibles en la versión digital del Boletín Oficial.
El sector automotor, sin embargo, enfrenta un panorama complicado en áreas como ventas, producción y exportaciones. Según datos de Acara, las ventas de autos nuevos mostraron un incremento en junio, aunque el primer semestre terminó con un descenso del 10% con respecto a 2025. En el sexto mes del año se patentaron 45.995 unidades, un aumento del 7,2% en comparación a mayo, pero un 12,8% menos que en el mismo mes del año anterior, cuando se patentaron 52.730 vehículos.
En mayo, la producción nacional de automóviles alcanzó las 37.762 unidades, superando ligeramente las 35.521 de abril, según la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). Aunque este volumen representa la segunda mejor cifra del año tras marzo, la producción diaria promedio cayó un 4,9%, dado que mayo tuvo 18 días hábiles frente a los 17 de abril.
En cuanto a las exportaciones, Adefa reportó que estas volvieron a registrar un saldo negativo en mayo, con 25.237 unidades enviadas al exterior, lo que representa una disminución del 6,1% respecto al mes anterior y una caída del 4,2% en comparación con mayo de 2025.
Representantes del sector y directores ejecutivos de empresas se habían reunido con Caputo anteriormente para discutir la carga fiscal que enfrenta la industria automotriz local, dado que la mayor parte de la producción argentina está destinada a la exportación. Por lo tanto, la eliminación de los derechos de exportación es un paso hacia la mejora de la competitividad de los productos argentinos.
Esta medida forma parte de una política más amplia orientada a la eliminación de impuestos. En mayo de 2025, el Gobierno había suprimido los derechos de exportación para 4.411 productos, beneficiando directamente a unas 3.580 empresas, lo que equivale a cerca del 40% de las compañías exportadoras del país, en su mayoría pymes. Además, a principios de ese año, se eliminaron las retenciones para algunas actividades agroindustriales de las economías regionales, incluyendo la cadena textil algodonera, papel, cartón, alimentos y bebidas.
El enfoque se extendió también al sector agropecuario. En junio de 2026, mediante el Decreto 423/2026, el Gobierno implementó una reducción escalonada para los principales complejos agrícolas —soja, girasol, maíz, sorgo, trigo y cebada— y fijó alícuota cero para ciertos biocombustibles a partir de 2027. En este decreto, el Gobierno reconoció que los derechos de exportación “constituyen un impuesto distorsivo que debería eliminarse” y se comprometió a su eliminación gradual en función del superávit fiscal.
