El Ipcva fue establecido por la ley 25.507 en 2001, y su financiamiento se basa en aportes del 0,07% del valor índice de la res vacuna en la plaza de faena por parte de los productores, mientras que la industria contribuye con un 0,02%. Según la normativa vigente, esos fondos se utilizan, entre otras cosas, para promover el consumo de carne argentina en el ámbito internacional. Actualmente, los productores abonan 1185 pesos por cada animal destinado a faena, en tanto que la industria paga 535 pesos. En lo que va del año, el Ipcva ha recaudado un total de $8.287.075.882.
“Es fundamental mantener el actual esquema de pago obligatorio para sostener el funcionamiento virtuoso del Ipcva, tal como sucede con los institutos de promoción de los principales países productores de carne del mundo, como Australia, Reino Unido, Estados Unidos o Uruguay (muchos de los cuales, además, complementan sus ingresos con fondos estatales)”, señala un documento elaborado por diversas entidades, incluyendo la Sociedad Rural Argentina (SRA), Coninagro, Federación Agraria Argentina (FAA) y la Cámara Argentina de la Industria Frigorífica (Cadif), entre otras.
Es importante recordar que la presidencia del Ipcva es rotativa entre las organizaciones gremiales del agro, mientras que la industria frigorífica ocupa la vicepresidencia. En tiempos recientes, algunas entidades del interior y los matarifes han expresado su descontento con la obligatoriedad del pago al Ipcva, lo que ha generado controversias. Algunos han cuestionado la efectividad del organismo y han solicitado explicaciones sobre el uso de los fondos. Los matarifes han manifestado sus reservas sobre la obligatoriedad a través de cartas dirigidas a Sturzenegger.
A pesar de ello, las organizaciones firmantes del documento mostraron su respaldo al Ipcva, rechazando cualquier modificación. “Los presupuestos que se manejan internacionalmente evidencian que la Argentina, uno de los principales productores y exportadores mundiales de carne vacuna, financia su instituto de promoción muy por debajo de otros países con cadenas cárnicas mucho menos desarrolladas”, remarcó el comunicado.
Asimismo, indicaron que “las propuestas de implementar un arancelamiento voluntario significarían, sin lugar a dudas, la eliminación del Ipcva”. También subrayaron el carácter federal, plural y democrático de la institución, destacando que la presidencia y vicepresidencia han sido ocupadas de manera rotativa y consensuada por representantes de diversas entidades.
El Ipcva ha tenido un papel relevante en gestiones comerciales importantes. En 2005, por ejemplo, impulsó la apertura del mercado de China, el mayor comprador individual de carne vacuna argentina. También desempeñó un rol clave ante las autoridades estadounidenses cuando se buscaba la reapertura del mercado, logrando el regreso en 2018 tras 17 años de restricciones.
En este contexto, los firmantes enfatizaron: “Por todo lo expuesto, rechazamos cualquier intento de alteración de las actuales condiciones de funcionamiento del Ipcva que ponga en riesgo la continuidad de su labor técnica e institucional, la cual ha sido clave para consolidar acuerdos comerciales, abrir nuevos mercados internacionales, sostener relaciones sanitarias con países compradores (entre un 3% y un 5% del presupuesto anual del Instituto se aporta al Senasa), y posicionar la marca ‘Carne Argentina’ como un producto premium a nivel global.
