Uno de los cambios más significativos es la reducción de la edad mínima de imputabilidad, que pasa de 16 a 14 años. Esta disposición forma parte de la Ley 27.801, publicada en marzo en el Boletín Oficial, y entra en vigor desde este fin de semana.
Según la nueva ley, los jóvenes de entre 14 y 18 años que cometan delitos serán sujetos a un régimen penal particular. El propósito declarado es “promover la responsabilidad por los actos cometidos y favorecer la educación, la resocialización y la integración social de los adolescentes”.
La exministra de Seguridad respaldó la implementación del régimen, afirmando: “Desde hoy no importa la edad. Si delinquís, las pagás. Se terminó la excusa de la edad para delinquir. El que roba, mata o lastima, responde por lo que hace. Durante años, los delincuentes menores tuvieron impunidad. Hoy empieza a cambiar.”
El nuevo régimen establece que no se podrá aplicar la prisión perpetua y fija un límite de 15 años para la privación de libertad, aun en casos con múltiples condenas cuyas penas, al sumarse, excedan dicho máximo.
Además, se prevé que tras cumplir dos tercios de la condena en prisión, el tribunal pueda determinar que el tiempo restante se cumpla mediante otras sanciones. Para acceder a esta opción, deben cumplirse los requisitos establecidos para la libertad condicional, contar con un informe favorable de especialistas, el consentimiento del Ministerio Público Fiscal y la opinión de la víctima.
La imposición de una pena de prisión tampoco será automática. En ciertas circunstancias, el sistema permitirá alternativas a la reclusión, dependiendo del delito y las condiciones previstas por la ley.
Para delitos con pena de hasta tres años, el juez tendrá la facultad de aplicar sanciones alternativas cuando se cumplan los requisitos legales. En casos con penas entre tres y diez años, también se podrán considerar estas medidas, siempre que se cumplan condiciones adicionales.
Entre las medidas alternativas se incluyen prohibiciones de acercamiento, restricción para ingresar a determinados lugares, tareas comunitarias, reparación del daño a la víctima y amonestaciones formales con otras sanciones complementarias.
El sistema incluirá monitoreo electrónico, que podrá usarse como sanción independiente o como método de control para asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
También se implementará un esquema de apoyo que contemple educación, capacitación laboral, asistencia interdisciplinaria y supervisión especializada para los jóvenes abarcados por el régimen.
Los adolescentes que se encuentren privados de libertad deberán estar en instalaciones diferenciadas de las de los adultos, quienes recibirán tratamiento en centros especialmente diseñados para su rehabilitación y separados de la población adulta.
La normativa establece claramente que estos lugares deberán contar con personal capacitado y especializado en la atención de adolescentes, buscando que cualquier privación de libertad se realice dentro de un marco adecuado y específico del régimen penal juvenil.
Otro aspecto clave es la protección de la identidad de los adolescentes, prohibiendo a los medios de comunicación y publicaciones difundir nombres, apodos, direcciones, imágenes u otros datos que puedan identificarlos.
El nuevo marco legal también incorpora mecanismos para que las víctimas participen en el proceso judicial y accedan a información sobre el caso. Sus opiniones deberán ser consideradas en ciertas decisiones relacionadas con el cumplimiento de las sanciones.
La exministra también destacó: “la ley tiene que proteger a las víctimas y no a los delincuentes, como les gusta a algunos. Se terminó la impunidad. Y para las víctimas de delincuentes menores y sus familias, una pizca de la justicia que nunca van a tener.”
Por otro lado, la normativa prevé la responsabilidad civil de los padres por los delitos cometidos por sus hijos, en conformidad con lo indicado por el Código Civil y Comercial.
La implementación de este régimen ha suscitado expectativas y preguntas en el ámbito de la Justicia, ya que los tribunales prevén un posible aumento en el número de causas, mientras que persisten dudas sobre la disponibilidad de personal especializado y la infraestructura necesaria para su funcionamiento.
El desafío también incluirá la coordinación entre la aplicación de la ley nacional y los procedimientos provinciales, así como los distintos códigos procesales penales.
Para llevar a cabo el nuevo régimen, se asignaron $23.739.155.303,08 desde el Congreso. Algunas provincias ya han comenzado a desarrollar protocolos y establecer mesas de trabajo, mientras la Justicia y el Ministerio Público Fiscal se encuentran en conversaciones para definir criterios de aplicación unificados.
