Este lunes fue el turno de Nélida Agustina Bisio, ex directora de la ANMAT hasta enero, también imputada en la causa. Agosto ha sido un mes complicado para esta médica con años de trayectoria en el organismo regulador de medicamentos del país. Tras ser arrestada en su residencia, pagó una fianza y comenzó una lucha legal para defenderse de las imputaciones. Es la funcionaria de mayor rango implicada en el caso, que depende del Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones.
Después de su detención, Bisio abono una fianza de 75 millones de pesos para recuperar su libertad, luego de lo cual tuvo que comparecer ante los fiscales y el juez. Aunque se negó a responder preguntas, presentó un escrito en el que eximió de responsabilidad a sí misma en el control de los laboratorios que produjeron el fentanilo en mal estado, transfiriendo toda la responsabilidad a Mantecón Fumadó.
La defensiva de Bisio continuó la semana pasada, cuando antes de que el juez diera a conocer su resolución sobre los imputados, solicitó ampliar su declaración. En un escrito de 117 páginas y en una declaración de cuatro horas, enfatizó: “Rechazo que todo lo que ocurría en la ANMAT estuviera en mi conocimiento”, dirigiendo así la responsabilidad hacia Mantecón Fumadó.
La novedad del martes es que Mantecón Fumadó también ha solicitado ampliar su declaración, lo que podría postergar la decisión tan esperada. Se espera que el juez Kreplak determine si todos o solo algunos de los imputados participarán en un juicio, así como si algunos de ellos serán sobreseídos o si se dictará falta de mérito.
Mantecón Fumadó no parece interesada en seguir la línea de defensa de Bisio, quien ha tratado de deslindar su responsabilidad en varias instancias y ha mostrado una intención de proteger al ministro Lugones. La ex directora del INAME decidirá centrar su defensa en una figura distinta: Mariela Baldut, farmacéutica y actual jefa del Departamento de Vigilancia, Post Comercialización y Acciones Regulatorias, designada en agosto de 2024.
La historia que vincula a Baldut con esta causa se remonta a septiembre de 2025, cuando las fuerzas policiales federales realizaron allanamientos en la ANMAT y en domicilios de ex funcionarios de la entidad. La investigación, que se había centrado en los laboratorios productores y las autopsias, comenzó a adentrarse en las acciones dentro de la esfera oficial. Tanto Bisio como Mantecón Fumadó fueron allanadas, y sus teléfonos fueron confiscados.
A pesar de que la situación de estas cinco personas no resultó en procesamiento en aquel momento, Baldut fue requerida a declarar como testigo. Su testimonio quedó bajo secreto de sumario, lo que impidió que Bisio y Mantecón Fumadó conocieran su contenido hasta ahora. Fuentes judiciales indican que Baldut proporcionó detalles sobre la gestión administrativa en el INAME-ANMAT, acusando a Mantecón Fumadó y Bisio con base en documentos que she había recopilado en su labor.
Este contexto marca la estrategia de Mantecón Fumadó, quien el miércoles presentará su defensa orientándose a refutar las declaraciones de Baldut, cuya versión ahora tiene en su poder. Por su parte, Bisio se presentó el lunes en los tribunales federales para ampliar su indagatoria. Frontalmente, afirmó que el ministro Lugones le consultaba sobre el avance en los controles a los laboratorios, sugiriendo que su intención era acelerar las medidas sanitarias.
Bisio también argumentó que, como administradora nacional, ella estaba al mando de una estructura administrativa compleja con más de 1.100 agentes, lo que haría imposible controlar cada detalle. Sostuvo que el INAME gozaba de autonomía y que era su directora quien decidía sobre el ritmo de los procedimientos relacionados con los laboratorios.
En relación a Baldut, Bisio rememoró una conversación por WhatsApp entre ella y Mantecón Fumadó, en referencia a una inspección que sacó a la luz deficiencias en los laboratorios. Baldut había advertido sobre el retiro de productos del mercado, a lo que Mantecón respondió que representaría una pérdida económica significativa, lo que generó un intercambio tenso sobre la responsabilidad en caso de eventos adversos.
