La fiscal Fabiana León se encuentra en la tarea de reconstruir el circuito de fondos ilícitos utilizados por las empresas denunciadas para llevar a cabo el pago de sobornos a antiguos miembros del Ministerio de Planificación Federal entre 2003 y 2015, supuestamente bajo instrucción de Cristina Kirchner, considerada como la cabecilla de una organización dedicada a la recaudación de coimas.
El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), formado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, escuchó el testimonio de dos ex funcionarios de la AFIP durante la instrucción del caso en 2018 y 2019. En ese marco, se solicitó una auditoría de un conjunto de empresas y un análisis sobre posibles “movimientos financieros espurios”.
El informe de la UIF establece que 17 empresas acusadas de pagar sobornos estuvieron involucradas en 355 obras durante los doce años de gestión kirchnerista, lo que resultó en un gasto total de 37.171.270.998,64 pesos.
En este contexto, el financista K, Ernesto Clarens, jugó un papel crucial al recibir directamente los pagos de las empresas de construcción, encargándose de cambiar las divisas y gestionar las transferencias a los destinatarios finales. La lista que Clarens proporcionó a la justicia al convertirse en imputado colaborador resultó fundamental para el trabajo de la ex AFIP.
Horacio Castagnola, director de la DGI en ese entonces, relató ante el Tribunal que recibía una variedad de oficios judiciales y recordó a empresas como “Isolux-Corsán” por la participación de Carlos Lascurain, y también mencionó a IECSA, cuyo dueño, Angelo Calcaterra, era primo del presidente de la nación. Isolux, una empresa española, había sido adjudicada para la construcción de la Usina de Río Turbio, obra que nunca finalizó. En audiencias previas, un ex funcionario también mencionó el uso de facturas apócrifas por parte de esta empresa, lo cual fue corroborado por Castagnola.
En 2018, un oficio firmado por el juez Claudio Bonadio se centró en la detección de “financiamientos espurios” y anexó un listado de empresas investigadas por su participación en el circuito de sobornos. En respuesta a una consulta del abogado defensor Carlos Beraldi, Castagnola precisó que si bien no se utilizaba esa terminología, la investigación en muchos casos se orientaba a verificar la existencia de facturas apócrifas o salidas de dinero no documentadas.
El testigo afirmó que la labor se centraba en verificar si los servicios estipulados en las facturas se habían efectivamente prestado. Además, destacó que existía una base de datos de empresas consideradas apócrifas. Durante la consulta sobre un destino de fondos que podría haber terminado en Andorra, mencionó la UTE Odebrecht-Ghela, relacionada con el soterramiento del tren Sarmiento, donde participaba IECSA, indicando que parte del dinero logró transferirse a Andorra a través de un banco local.
Se identificaron varias facturas de servicios inexistentes en este caso, reforzando la tesis de que Odebrecht utilizaba un esquema similar en otros países para realizar salidas de dinero sin contraprestación. Castagnola recordó que varias empresas presentes en el listado del juzgado mostraron comportamientos notables de salidas de dinero sin justificación.
Diana Guterman, la segunda testigo del día, confirmó que se había requerido información sobre ciertas empresas al juzgado de Bonadio, señalando que circularizaban a entidades bancarias para rastrear operaciones de esas compañías. Ello incluía verificar movimientos en bases de AFIP respecto a los bancos que habían interactuado con las empresas.
Las investigaciones revelaron movimientos de fondos presentados por Ernesto Clarens en su declaración como arrepentido, así como extracciones y asientos contables que incluían facturas apócrifas. Clarens relató que las empresas del rubro de la construcción lo dejaban con anotaciones sobre cobros, siendo que recaudaban alrededor de 300.000 dólares en cada entrega semanal.
Los anticipos financieros relacionados a contrataciones representaban un porcentaje del monto ofrecido, que oscilaba entre un 3% y 20%. Sin embargo, para aquellos contratos sin anticipos, se establecían importes equivalentes a ciertos certificados de obra. La cantidad total de dinero que transitaba en este circuito podría haber alcanzado los 30 millones de dólares.
