Dicha medida cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y se firmó el despacho en comisiones del Senado, por lo que se prevé que el tratamiento ocurra el próximo martes en la Cámara Alta.
El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, participó en las comisiones y explicó que el acuerdo permitirá “compensar deudas y acreencias existentes” entre la Provincia y la Nación, además de organizar nuevas condiciones para el cumplimiento del saldo resultante.
Fayad indicó que Mendoza no tiene deudas con el Ejecutivo nacional, pero sí acreencias por cobrar. En este sentido, enfatizó que el esquema de negociación propuesto por el gobierno central se fundamentaba en la compensación de obligaciones, lo que dejaba a la Provincia sin opciones para la recuperación de esos recursos debido a la ausencia de deudas.
En este contexto, Fayad destacó que los anticipos de coparticipación ofrecerían una vía para establecer un mecanismo de compensación. Destacó que estos anticipos tienen “condiciones financieras beneficiosas”, con una tasa nominal anual del 15%, lo que facilitará a la Provincia el pago de vencimientos de deuda y asegurar liquidez temporal.
Uno de los ejes centrales del convenio es el reconocimiento de $121.282 millones en acreencias a favor de Mendoza, relacionadas con diversos conceptos, como el Consenso Fiscal, las obras de vivienda y los trabajos realizados en rutas nacionales.
Respecto a la infraestructura vial, Fayad resaltó que Mendoza asumió obras bajo la jurisdicción nacional según los acuerdos firmados con Vialidad Nacional. Estas incluyen trabajos actuales en la ruta 40 (Acceso Sur) y en la ruta 143 (entre San Carlos y San Rafael). Una adenda posterior permitió que se reconozcan estos trabajos, que abarcan aproximadamente $80.000 millones y representan la parte más significativa de la suma contemplada en el convenio.
En lo que concierne a la construcción de viviendas, el ministro aclaró que la Provincia asumió ciertas obras originalmente financiadas por la Nación. A cambio, el gobierno nacional se comprometió a transferir $2.300 millones, un monto que estaba pendiente y que ahora se integrará al esquema de compensación.
Además, el convenio modifica el cronograma de pagos y generará un beneficio financiero para Mendoza estimado en $7.677 millones, calculado a fecha de 1 de agosto de 2026. Según se establece en el Decreto 1691, esta cifra representa el alivio financiero derivado de la reestructuración del perfil de vencimientos y del nuevo acuerdo entre ambos gobiernos.
Fayad también subrayó que el convenio facilitará el reconocimiento formal de créditos que permanecían sin resolución y mejorará las condiciones financieras para la Provincia. “Claramente es un beneficio importante para la provincia, sobre todo en materia de obras, y esperamos que el tratamiento sea ágil para poder recibir estos montos lo antes posible”, afirmó el Ministro.
El proyecto, entonces, busca ratificar en el ámbito legislativo el acuerdo alcanzado entre Mendoza y el gobierno nacional, así como ordenar las obligaciones recíprocas y establecer un nuevo esquema para el cumplimiento de compromisos, reconociendo al mismo tiempo los recursos pendientes a favor de la Provincia.
En el marco de este acuerdo, Mendoza también desistirá de su acción y del derecho relacionado con dos juicios actualmente en curso contra el Estado Nacional. Uno se vincula a un reclamo de inconstitucionalidad respecto al Impuesto a las Ganancias, y el otro se relaciona con la inconstitucionalidad por la eliminación del Fondo Federal Solidario (FOFESO).
El Gobierno provincial justifica el desistimiento de dichas acciones debido a que ambos casos no han registrado avances significativos, a pesar de que los procesos fueron iniciados en 2020 y 2023, respectivamente. En particular, se menciona que existe un dictamen de la Procuración sobre la competencia del Tribunal que es relevante para el proceso.
“Se trata en definitiva de créditos controvertidos y de resultado incierto, con escasos o nulos avances procesales en su tramitación, dado el carácter especial del trámite ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no ofrece un plazo determinable para su conclusión”, aduce el Ejecutivo provincial.
