Este asunto trasciende lo doméstico e involucra a diversas entidades, incluyendo al Estado, al sector privado y a la comunidad. Dentro de este contexto, el régimen de licencias familiares se posiciona como una de las herramientas fundamentales que posee el Estado para asegurar tiempo protegido para el cuidado, de acuerdo con un informe al que se tuvo acceso.
En un país que experimenta una transformación demográfica notoria -con una reducción del 49% en la tasa de fecundidad entre 2014 y 2024, junto a un aumento en la participación laboral femenina-, el régimen de licencias mantiene la lógica original con la que se estableció. La Ley de Contrato de Trabajo define estas licencias como una interrupción laboral en torno al parto, tratándolas más como una incapacidad temporal que como un tiempo necesario para el cuidado.
Las evidencias sobre el desarrollo infantil temprano indican la necesidad de replantear esta perspectiva: el tiempo disponible en los primeros meses no debe considerarse un beneficio laboral, sino un recurso esencial para el desarrollo del capital humano.
Actualmente, la licencia por paternidad en Argentina para quienes están regidos por la Ley de Contrato de Trabajo es de solo 2 días, convirtiéndose en la licencia más corta de Sudamérica. Además, cerca de la mitad de los trabajadores no accede a licencias por nacimiento o adopción, debido a situaciones de informalidad o al ejercicio como cuentapropistas.
El tiempo destinado al cuidado influye directamente en la posibilidad de iniciar y mantener la lactancia en los primeros meses. La evidencia sugiere que la lactancia no depende solamente de las decisiones familiares, sino también del tiempo de cuidado, del apoyo del sistema de salud y de las condiciones laborales.
En este aspecto, Argentina presenta resultados superiores al promedio de la región: según la última Encuesta Nacional de Lactancia Materna, 9 de cada 10 bebés reciben leche materna durante sus primeros seis meses y el 53% lo hace de manera exclusiva, en comparación con el 43% en América Latina y el Caribe, superando la meta del 50% establecida por la Organización Panamericana de la Salud para 2025.
Sostener esta práctica se vuelve más complicado con el tiempo: entre los 2 y 6 meses, la lactancia exclusiva disminuye del 54% al 45%. El análisis señala que el tiempo de licencia disponible, tanto para el cuidador principal como para el secundario, se asocia con una mayor prevalencia de lactancia.
El informe también aborda iniciativas del sector privado que ya implementan empresas en Argentina para apoyar a su personal -horarios flexibles, teletrabajo, licencias adicionales a las estipuladas por la normativa, acceso a servicios de cuidado infantil, entre otros-. Estas medidas demuestran que el compromiso empresarial puede complementar al estatal, aunque su implementación varía según el tamaño y sector de cada entidad.
Dado que muchas mujeres trabajan en condiciones informales o de manera autónoma, el estudio detalla las herramientas disponibles para apoyar a estas trabajadoras durante el embarazo, el puerperio y la crianza temprana. Entre los instrumentos se encuentran transferencias, servicios públicos de cuidado y redes comunitarias, con el fin de identificar qué apoyo existe y qué áreas necesitan atención.
El relevamiento señala un patrón claro: el esquema actual ofrece una protección razonable en términos de recursos, como ingresos y acceso a salud, pero no garantiza el tiempo necesario para el cuidado en los primeros meses.
Estas ideas son parte de Lactancia en contexto: hacia un marco integral de políticas de cuidado, un estudio realizado en junio por el Programa de Protección Social. El director de Protección Social de CIPPEC comentó: “Discutir licencias en un contexto de baja de los nacimientos es discutir capital humano. El tiempo protegido en los primeros meses de vida es uno de los insumos clave para el desarrollo: mejora las posibilidades de sostener la lactancia, fortalece el vínculo temprano y favorece el desarrollo infantil, con efectos que trascienden el mercado laboral y repercuten en la productividad y la equidad en el futuro.”
El análisis también señala tres problemas estructurales en el régimen de licencias vigente: en primer lugar, su cobertura no es universal, dejando a cerca de la mitad de la población laboral fuera. En segundo lugar, carece de homogeneidad normativa, ya que los derechos cambian según el tipo de empleo y, en el campo público, según la jurisdicción. Por último, presenta un sesgo maternalista, con licencias para personas gestantes hasta 45 veces más extensas que para las no gestantes.
En la actualidad, las madres gestantes en el sector privado cuentan con 90 días de licencia, en contraste con los 2 días que tienen los padres. Además, la normativa no considera prácticamente situaciones como la adopción, nacimientos múltiples, precoz o de hijos/as con discapacidad, así como las familias monoparentales. Este diseño perpetúa una tradicional división de roles, imponiendo a las mujeres la mayor parte de las tareas de cuidado y afectando su inserción y desarrollo profesional.
Frente a este diagnóstico, CIPPEC sugiere replantear el sistema de licencias en torno a tres ejes: universalidad, corresponsabilidad y equidad. Ampliar de forma progresiva las licencias para personas no gestantes es uno de los pilares fundamentales, buscando promover una distribución más equitativa de las responsabilidades del cuidado. El estudio analiza distintos escenarios de implementación que son graduales y adaptados a las capacidades y tiempos de cada situación.
Asimismo, evalúa el costo fiscal de estas alternativas, indicando que el esquema actual representa el 0,07% del PBI; una mínima reforma podría elevarlo al 0,09% hacia 2033, mientras que una reforma máxima alcanzaría el 0,14%. Es importante señalar que, debido a la disminución continua de la natalidad, el gasto en licencias por maternidad y paternidad ha caído un 35% en términos reales en la última década, lo que brinda la posibilidad de mejorar la cobertura y duración sin un impacto significativo en el gasto público. En conclusión, el trabajo señala que la ampliación del régimen es viable fiscalmente en ambas alternativas.
El informe también incorpora un análisis sobre la factibilidad política de estas reformas. A lo largo de los últimos 20 años, han surgido proyectos de distintas fuerzas políticas para actualizar el régimen. En 2023, se presentaron 54 iniciativas en la Cámara de Diputados, resultando en tres dictámenes que coincidieron en la necesidad de modernizar el sistema, aunque con diferencias en los plazos, la gradualidad y los mecanismos de financiamiento.
En la región, se han registrado dos experiencias recientes que demuestran que una reforma gradual es posible: Uruguay amplió su licencia por paternidad en 2024 con la aprobación unánime del Parlamento, y Brasil sancionó en 2026 una ampliación progresiva que se implementará hasta 2029.
