De acuerdo a lo señalado por la Comisión Europea, estos fondos se utilizarán para mejorar la vigilancia fronteriza, incorporar tecnología avanzada como cámaras térmicas y aumentar la plantilla de personal en la región.
Además, el paquete de 114,7 millones de euros tiene como objetivo facilitar el retorno de aquellos que se encuentran en situación irregular en Ceuta. La ayuda también busca robustecer la capacidad de acogida de la ciudad autónoma para atender a menores no acompañados, conforme a la información proporcionada por la Comisión Europea.
Es importante destacar que alrededor de 70.000 migrantes atravesaron la frontera en condiciones extremadamente peligrosas, ingresando a pie o nadando los días 30 y 31 de julio en Ceuta, una de las dos únicas fronteras terrestres de Europa con África, junto con Melilla. Esta situación provocó un número significativo de muertos y desaparecidos.
Los destinos de los fondos incluyen el refuerzo en la frontera, implementación de tecnología, mejora en la acogida de menores y apoyo para facilitar los retornos.
A pesar de que la mayoría de los migrantes regresó poco después, el impacto en la región aún persiste: el Gobierno del presidente Pedro Sánchez estima que hay unos 5.000 migrantes quedándose allí, mientras que el ejecutivo autonómico de Ceuta eleva la cifra a al menos 10.000, reflejando una grave situación social con muchos durmiendo en las calles y playas.
En este contexto, Juan Jesús Vivas, presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, solicitó el martes asistencia a la Unión Europea, acusando a Marruecos de ser responsable de esta llegada masiva de personas, ya sea “por acción u omisión”.
Por su parte, Pedro Sánchez manifestó que ni organismos de inteligencia ni fuerzas de seguridad han proporcionado al gobierno español evidencias concluyentes de que Marruecos hubiera orquestado esta oleada de migrantes.
No obstante, las sospechas sobre el papel de Marruecos han aumentado, especialmente tras la filtración de un informe policial que sugiere la “permisividad” de las fuerzas de seguridad del país durante la crisis.
A raíz de estas conclusiones, la justicia española ha iniciado una investigación sobre lo ocurrido en Ceuta.
