La decisión, respaldada por los magistrados Juan Fantini y Sebastián Russo a través de una medida cautelar emitida en febrero, dispuso la reanudación temporal de una de las dos compensaciones especiales que habían sido suspendidas de forma administrativa a finales de 2024.
La suspensión inicial por parte del organismo previsional se justificó en la ratificación de la condena penal contra la exjefa de Estado en el marco de la causa Vialidad. Ante ello, la exmandataria interpuso una acción judicial para restablecer el beneficio económico mientras se dirime el expediente principal.
La entidad confirmó que “se procedió rehabilitando el beneficio número 47-6-8085213-0 con mensual 08/2026”, asegurando que la asignación total se ajustó a los descuentos legales vigentes, que se procesan automáticamente con cada liquidación mensual.
La suma que se desembolsó corresponde a la pensión derivada del expresidente Néstor Kirchner, de la cual $12 millones son la cifra neta a percibir, luego de aplicar una reducción del 20% en el haberes mensuales conforme a la resolución 343 de 2025. Desde la ANSES, se aclaró que “se procedió a efectuar un recupero del 20% del haber mensual por sumas percibidas indebidamente” durante el tiempo en que se pagaron los beneficios, lo que se notificó a la Justicia al comunicar que se acataría la medida cautelar.
Además, no se incluyó el adicional por zona austral en esta liquidación, ya que Cristina registraba su domicilio en Santa Cruz, aunque reside en la ciudad de Buenos Aires, lo que ha generado una causa penal en su contra. El cobro fue habilitado el 12 de este mes, y la actualización del monto se debe a “una variación salarial acordada fuera del ámbito del organismo”.
Por otra parte, el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) ha establecido nuevos embargos preventivos sobre varios bienes relacionados con los condenados en la Causa Vialidad. Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111, donde Cristina Kirchner se encuentra bajo prisión domiciliaria.
La propiedad pertenece a Los Sauces S.A., la empresa inmobiliaria de la familia Kirchner, y ha sido incorporada a los activos que la Justicia está considerando para asegurar el cumplimiento del decomiso determinado en la sentencia, que ascendería a $685.000 millones.
A pesar de esta decisión, no implica en este momento que el departamento vaya a ser subastado ni que su titularidad cambie de inmediato. Por lo tanto, Cristina Kirchner no está obligada a abandonar su residencia, aunque la situación sobre la propiedad plantea interrogantes sobre lo que podría suceder si se lleva a cabo su decomiso.
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso indicaron que las medidas cautelares tienen como objetivo garantizar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras se determina cuáles serán finalmente objeto de decomiso.
