En una reunión con medios nacionales en el Ministerio de Capital Humano, su ministra, Sandra Pettovello, junto con el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, intentaron enfocar la discusión en la gestión de los fondos universitarios y la necesidad de replantear la redistribución de recursos en función de las necesidades del sistema.
Durante el intercambio de preguntas con los periodistas, las autoridades de Capital Humano establecieron tres puntos clave: el costo por graduado, la tasa de egreso y la distribución de fondos para hospitales universitarios, que han generado polémica. Además, tocaron un tema delicado: el impacto que tienen los estudiantes extranjeros en carreras como Medicina.
El mensaje político es evidente. El Gobierno busca desviar el debate del “desfinanciamiento” hacia uno de eficiencia y transparencia. En este sentido, intenta responder a las demandas universitarias presentando datos sobre gestión, rankings y comparaciones internas.
“La universidad pública es un monstruo sagrado y lo que nosotros pretendemos es que la gente tenga información sobre lo que sucede para decidir si apoya o no su reclamo”, destacó Pettovello. “No estamos en contra de la universidad pública. Lo que queremos es transparentar el sistema, brindar la información”, añadió.
A este respecto, Capital Humano considera fundamental reorganizar el criterio con el que se destina el presupuesto a las universidades. Esto implica no sólo considerar la matrícula estudiantil, sino también distinguir entre aquellos que se encuentran cursando, quienes han perdido la regularidad y aquellos de los cuales no se cuenta con información clara acerca de su situación.
“Es crucial la batalla cultural para que la ciudadanía comprenda que nosotros no estamos en contra de la educación pública y no deseamos cerrar universidades, y que hay un trasfondo que la gente no debería ignorar si no lo explicamos”, afirmó la ministra.
Además, se deben tener en cuenta factores como la infraestructura, la geografía y avanzar en políticas que definan si se habilitan nuevas carreras en función de las capacidades de desarrollo y las necesidades del sistema. Álvarez mencionó el caso de una tecnicatura en Petróleo y su potencial en Bahía Blanca, sede de un polo petroquímico, en contraste con el crecimiento desmedido de la carrera de Derecho en diversas regiones del país.
Con respecto a uno de los temas más críticos del conflicto actual, la transferencia de fondos para los centros de salud universitarios, el Gobierno anunció su intención de reestructurar el criterio de asignación en la partida de Hospitales Universitarios del presupuesto. Para ello, se impulsará la creación de una comisión con rectores de universidades encargadas de estos centros para debatir un nuevo criterio de distribución, aunque esto no sucederá antes de la marcha.
Uno de los puntos más delicados tras la conferencia de los responsables de los hospitales asociados a la UBA es la incertidumbre generada por la falta de fondos, lo que podría comprometer la continuidad de sus actividades desde junio. Álvarez buscó diferenciar entre el ítem Salud en el Presupuesto 2026, que se distribuye automáticamente, y el reforzado bajo la categoría de Hospitales Universitarios, cuya ejecución depende directamente de la subsecretaría.
Desde Capital Humano se indicó que el presupuesto mensual asigna a la Universidad de Buenos Aires $4.882.724.440 para sus gastos operativos. Según la información oficial, esta suma se divide en tres funciones: $150.388.873 para salud, que se destina a los centros de atención; $4.674.185.203 para educación y cultura; y $58.150.364 para ciencia y tecnología.
Además, se destacó que la ley presupuestaria contempla una partida específica llamada “Hospitales Universitarios” por $79.763.113.948, destinada a todo el sistema universitario nacional. En este marco, Capital Humano aclaró que la UBA pidió la asignación de $75.371.896.068 de esa partida en una nota enviada el 30 de abril, siguiendo prácticas de años anteriores.
La visión oficial es que, si se accediese a esa solicitud, solo quedarían disponibles $4.391.217.880 para el resto de los hospitales universitarios del país. Este dato sustenta el argumento del Gobierno, que presenta la demanda de la UBA no como un reclamo de incumplimiento, sino como una disputa sobre cómo distribuir una partida común.
Para reforzar su postura, los funcionarios mostraron datos en forma de filminas que documentan las transferencias mensuales a la UBA de enero a abril de 2026, para contrarrestar el argumento de que no se han realizado giros de fondos para salud. Desde el ministerio enfatizaron la regularidad de dichos envíos.
Lo que no se ha distribuido, argumentan, es el refuerzo vinculado a programas específicos en la categoría de “Hospitales Universitarios”. El motivo de esta decisión fue la intención de reunir a los responsables de las universidades beneficiarias en una mesa de diálogo para discutir una nueva forma de distribución. A pesar de que el presupuesto se aprobó en diciembre de 2025, explicaron que “el sistema es muy grande”.
Así se pone de manifiesto un contraste político. Para la UBA, el problema radica en la falta de recursos suficientes para mantener el funcionamiento de sus hospitales universitarios. En cambio, el Gobierno cuestiona que una universidad pueda reclamar casi la totalidad de una partida que, según Capital Humano, está destinada al conjunto del sistema.
El segundo eje de la estrategia del Gobierno se centra en los resultados académicos. En la presentación, se incluyó un ranking sobre el costo por graduado en universidades nacionales para 2024, donde la Universidad Nacional de las Artes (ex IUNA) aparece como la más alta, con un costo por graduado de $423.830.487.
Según un cuadro detallado sobre esa universidad, en 2024 se registraron 22.932 estudiantes, de los cuales 12.230 eran regulares, 4.574 no regulares y no se contaba con información sobre 6.128 estudiantes respecto de sus materias aprobadas. También se reportó que la universidad tuvo 82 egresados en 2024.
Este dato refuerza una idea que el Gobierno ha promovido en los últimos meses: el sistema universitario debe evaluarse no solo por su cobertura, sino también por sus resultados.
En términos generales, Capital Humano reportó una población total de 1.980.136 estudiantes en las universidades nacionales, de los cuales 886.019 se consideran regulares, 725.253 no regulares y 368.864 sin información. El documento también menciona 93.321 egresados y un promedio de financiamiento por graduado de $57.366.497.
Para el Gobierno, esos números son clave para abrir un debate sobre la eficiencia. Sin embargo, desde las universidades advierten que esta perspectiva podría reducir el sistema público a meras métricas contables, sin tener en cuenta sus funciones de investigación, extensión, inclusión social y desarrollo territorial.
Se abordó también el Decreto 366/2025, que modificó el régimen migratorio y permite a universidades e instituciones estatales de educación superior establecer aranceles para estudiantes extranjeros temporarios. Según el documento, esta medida no afecta a argentinos ni a residentes permanentes, y cada universidad puede decidir si cobra o no esos aranceles.
El Gobierno sostiene que esta iniciativa busca “proteger el sistema educativo” y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos. En este contexto, Capital Humano presentó una sección sobre el número de estudiantes extranjeros en Medicina.
Se informó que la UBA cuenta con 44.290 estudiantes extranjeros, de los cuales 16.462 cursan Medicina, lo que representa el 39% del total de 41.957 estudiantes en esa carrera. También se destacaron otros ejemplos: La Plata tiene 8.043 estudiantes extranjeros de Medicina, que representan el 51% de 15.920 alumnos en esa carrera, y Rosario cuenta con 4.517, un 32% de 13.969.
Este análisis refleja el componente ideológico de la presentación, donde se argumenta que el financiamiento universitario debe priorizar a los contribuyentes argentinos y considerar los costos de mantener la gratuidad para estudiantes extranjeros temporarios.
Para concluir, se anunció la creación de un micrositio de datos universitarios que estará disponible en las próximas semanas. Según Capital Humano, la finalidad es centralizar información pública sobre presupuesto, cantidad de alumnos, tasa de egreso, costos por graduado, estadísticas universitarias y evolución histórica de datos.
Este punto resume la nueva estrategia del Gobierno: no solo busca debatir sobre partidas, sino establecer una lógica de comparación pública entre universidades. De este modo, la disputa trasciende el aspecto financiero, abarcando la administración, rendición de cuentas y evaluación del sistema universitario. La tensión, por lo tanto, parece destinada a seguir en aumento: mientras el Gobierno pretende mostrar cifras, las universidades cuestionan el significado de esos números y las realidades que podrían quedar excluidas.
