En presencia de productores, el presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, aseguró que el Gobierno está trabajando en la reforma de la Ley de Semillas y en el proceso de adhesión de Argentina al convenio Upov-91, un compromiso asumido por la actual administración en el marco de un acuerdo comercial con Estados Unidos. Según explicó, este compromiso ha acelerado las conversaciones, aunque subrayó que la intención del Gobierno es presentar un proyecto en el Congreso que cuente con un amplio consenso entre todos los actores involucrados.
“Como Estado, nuestra misión es ubicar al agro argentino en una posición ventajosa con respecto a esta ley. Vamos a impulsarla y también la adhesión a UPOV-91, pero queremos que el proyecto llegue al Congreso con el máximo consenso posible”, expresó. No obstante, Famulari reconoció que alcanzar ese consenso total es improbable. “Nadie va a salir completamente satisfecho”, admitió, enfatizando que el papel del Estado será tomar decisiones si las partes no logran resolver sus diferencias.
La presidenta de la Federación Agraria Argentina (FAA), Andrea Sarnari, señaló que el verdadero problema no es el uso propio, sino “la ilegalidad”. Para ella, el debate no puede limitarse a la propiedad intelectual. Aseguró que la discusión sobre semillas está condicionada por un contexto económico que restringe las inversiones de los productores.
“Los productores no podemos analizar la Ley de Semillas como si fuera la solución a todos los problemas. Operamos en un sistema productivo marcado por las reglas tributarias, comerciales e impositivas”, afirmó. Sarnari volvió a poner de relieve la cuestión de las retenciones y la presión impositiva, indicando que estos son los principales obstáculos para la adopción de nuevas tecnologías.
“Si no tuviéramos retenciones ni tantos impuestos regresivos, con seguridad compraríamos más semillas, más fertilizantes y más tecnología. Esto beneficiaría a toda la cadena, incluida la industria semillera y al propio Estado, por el aumento de las exportaciones”, argumentó.
Su intervención más contundente llegó al rechazar que el uso propio sea el principal motivo de la falta de recuperación de inversiones de las empresas. “El gran problema de Argentina ha sido la semilla ilegal. Somos conscientes de que hay que compensar por la tecnología que utilizamos, pero durante muchos años hubo un gran volumen de semillas ilegales y falta control estatal”, afirmó.
En este sentido, abogó por un Inase con mayor capacidad de fiscalización. “El Estado debe controlar cómo se produce, se vende y se comercializa la semilla. Eso garantizaría tanto al productor como a la industria”, declaró.
En este marco, Famulari reconoció que el propio Estado enfrenta limitaciones para controlar la ilegalidad bajo la legislación actual. Explicó que, con la normativa vigente, Inase frecuentemente carece de las herramientas necesarias para actuar frente a usos irregulares de semillas, lo que complica la fiscalización.
Sarnari, tras interrumpir la “tanta dulzura de la charla”, reafirmó que FAA se opone a la adhesión a UPOV-91, argumentando que Argentina debe desarrollar una legislación propia en el marco de Upov-78, adaptada a las características de su sistema productivo. “No puedo ceder en ciertos aspectos porque tengo la responsabilidad de representar a mis productores. Y la industria tampoco podrá renunciar a ciertos intereses que defiende”, manifestó.
Tomás Palazón, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), asoció el retraso en la innovación mucho más con la macroeconomía que con la normativa existente. Mencionó cambios en las reglas, distintos esquemas de derechos de exportación, tipos de cambio diferenciales y presión tributaria como variables que impiden planificar inversiones a largo plazo.
“La discusión sobre semillas lleva tres décadas. Esperemos que esta sea la última y luego podamos enfocarnos en incorporar tecnología y no en discutir la ley”, expresó. También propuso que la futura legislación incluya tratamientos diferenciados según el cultivo y el tamaño del establecimiento, defendiendo que la clasificación de los productores se base en la cantidad de hectáreas en lugar de categorías que pueden cambiar.
Aunque se mostró dispuesto a discutir UPOV-91, aclaró que Argentina no debería limitarse a replicar el tratado, sino adaptarlo a su realidad productiva.
Desde el ámbito empresarial, la presidenta de la International Seed Federation (ISF), Lorena Basso, vinculó directamente la necesidad de actualización del marco regulatorio con la capacidad de atraer inversiones. “La innovación requiere un sistema que garantice el retorno de esas inversiones”, afirmó.
Según Basso, Argentina posee las condiciones técnicas y los recursos humanos para convertirse en un centro mundial de investigación genética, pero advirtió que la falta de protección de la propiedad intelectual desincentiva la llegada de nuevos proyectos.
En la misma línea, el presidente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA), Ricardo Fernández Pancelli, sostuvo que la carencia de previsibilidad jurídica llevó a que Argentina incorporara muchas menos variedades que otros países de la región. Afirmó que la falta de avance no solo impacta a la soja, sino también a cultivos como el algodón, el arroz y las hortalizas. Además, destacó que el acuerdo contempla excepciones para pequeños productores, lo que permitiría “compatibilizar la protección de la innovación con las necesidades del sector productivo“.
