Los temas aprobados, así como aquellos que no fueron discutidos en la compleja sesión de la Cámara alta, parecen tener poco o ningún vínculo directo entre sí al ser analizados individualmente. A primera vista, no es sencillo establecer una conexión entre los nombramientos de jueces y la ley de tierras. Sin embargo, existen puntos de convergencia.
Esto se hace evidente al examinar las motivaciones detrás de las acciones de los senadores y considerar lo que ambas cuestiones representan en términos de construcción de poder y en la relación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los bloques cercanos al diálogo. De esta forma, surgen intereses alineados.
La reciente aprobación de jueces nacionales para continuar en sus respectivos cargos o para llenar vacantes, así como la extensión del debate sobre la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada, pone de relieve el carácter sumamente transaccional de las relaciones políticas actuales. Esta situación se ve acentuada por la ausencia de liderazgos nacionales indiscutidos fuera de la esfera oficialista, lo que favorece negociaciones a medida, abordando tema por tema. El pragmatismo ha superado la antigua intransigencia del purismo libertario.
El número de senadores presentes en la asignación de magistrados y la falta de apoyos para debatir la ley de tierras, que se supone será aprobada tras el receso invernal, ilustran esta lógica. Lo que se discute en el recinto está cargado de sub textos y negociaciones previas que abarcan diversos ámbitos, muchas veces de forma explícita.
En primer lugar, llama la atención la velocidad con la que, con muy pocas excepciones, se han llevado a cabo los nombramientos de jueces, después de que varios años y gobiernos permitieran que se llegara a la insólita situación de tener más de un tercio de los juzgados nacionales vacantes.
El cambio significativo se produjo con el ascenso de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, introduciendo un criterio que prioriza la elevación de nombres libres de vetos o, preferentemente, con la aprobación de sectores del poder que, aunque no sean políticos, poseen influencia en la política. Deportes, servicios de inteligencia, capital e gremios también juegan un papel. En este panorama, la ideología no prevalece; aquí, el pluralismo se manifiesta.
“La pertenencia de Mahiques a la familia judicial, tanto en un sentido biológico como profesional, su profundo conocimiento de las distintas facciones y la amplitud de sus relaciones facilitaron ese camino”, sostiene un legislador del Consejo de la Magistratura, opinión que coincide con la de diversos jueces y abogados destacados.
“Si la justicia implica dar a cada quien lo que le corresponde, Juan Bautista y, principalmente, Coco, su padre [el juez Carlos Mahiques], saben lo que cada uno considera suyo y lo que debe ofrecer a cambio de su apoyo”, comenta con ironía un abogado de la matrícula porteña.
Si bien los méritos académicos, las habilidades y la idoneidad profesional de los candidatos no han sido nunca las únicas variables consideradas, especialmente para ascender en las listas, parece ser ahora una regla en muchos casos. Así, se ha avanzado rápidamente con el centenar de pliegos, a pesar de que muchos nombres traen consigo trayectorias controvertidas y vínculos con diversos sectores ajenos a la judicatura.
“Juan [Mahiques] está cumpliendo con notable eficacia los tres objetivos que se propuso. El primero es moldear la Justicia a medida de la parte de la familia judicial que él representa, sin antagonizar con otros sectores y sin someterla al poder político del momento. El segundo es proteger a los hermanos Milei en las causas en las que ellos o sus allegados puedan estar involucrados, al menos mientras mantengan su influencia. El tercero es otorgar protección a Chiqui Tapia y a [Pablo] Toviggino, líderes de la AFA. Aunque el orden de estos factores podría cambiar sin afectar el resultado para Juan”, comparte con sus interlocutores alguien que suele interactuar con el ministro y dice haber escuchado este plan.
El primero de estos objetivos no parece, ni mucho menos, favorecer la independencia del Poder Judicial. Si ese fuera el caso, no se habría promovido la llegada o permanencia de ciertos magistrados en posiciones sensibles para el poder. Tampoco se habría vetado a otros si la división de poderes fuera una aspiración genuina.
Un ejemplo claro es la reciente aprobación de los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes tienen vínculos muy cercanos con los miembros más reconocidos de la familia Mahiques y han compartido momentos de ocio, para integrar la sala de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal que actúa como tribunal de apelaciones en la investigación del caso $LIBRA, en el que se ve involucrado el propio Javier Milei.
Esta promoción contrasta con la decisión de no impulsar la continuidad del camarista Martín Irurzun, que cumplirá 75 años este sábado, y con el reemplazo del juez Leopoldo Bruglia, quien se encontraba en una situación similar a la de Bertuzzi, pero se negó a someterse al procedimiento de ratificación promovido por el Gobierno. Irurzun y Bruglia han demostrado algunos signos de independencia que no han sido bien vistos para la continuidad de sus carreras judiciales.
Por otro lado, la facilidad con la que han progresado ciertos pliegos no habría sido posible si el Consejo de la Magistratura hubiera visto aprobado el proyecto de reforma del sistema de selección de jueces, impulsado por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sin el respaldo de su presidente, Horacio Roisatti, cuyo hijo estaba postulado para un tribunal federal. El pliego de Emilio Rosatti fue aprobado el 4 de junio en la primera tanda que llegó al Senado y su designación ya cuenta con la firma del Presidente.
La propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti, que el Gobierno también rechazó, reducía significativamente la influencia de la subjetividad en el proceso, que se centraba en las entrevistas, en comparación con los resultados de los exámenes y la trayectoria. La arbitrariedad se mantiene en buena forma.
Las conexiones, de gran fluidez, con los gobernantes actuales y poderes fácticos, así como los compromisos u orígenes de los candidatos a jueces, hubieran presentado un impedimento considerable para escalar diez puestos o más en las listas de aspirantes. Esto ha sucedido en decenas de casos en este proceso, cuya magnitud determinará el perfil de la Justicia nacional por muchos años. Al final del trámite actual, más de 300 cargos se espera que sean cubiertos. No hay antecedentes recientes de un gobierno que haya logrado algo similar en el Poder Judicial, mucho menos sin contar con mayoría en ninguna Cámara.
Quienes han seguido de cerca esta ola de postulaciones y designaciones destacan el delicado trabajo que ha realizado Mahiques con los consejeros, senadores y gobernadores para asegurar la nominación de jueces.
“Los intercambios han sido intensos, pero finalmente se hallaron puntos de entendimiento. Siempre había algo que otorgar o algún nombre para facilitar el acuerdo necesario para que quienes debían firmar sumaran su voto. Se sabe que no solo se vota por quienes se desea nombrar, sino también para evitar enemistarse con aquellos que resultarán jueces, incluso sin tu respaldo. Ningún político quiere tener un juez como adversario”, reconoce un senador de la oposición dialoguista que participa regularmente en estas discusiones y ha logrado incluir algunos candidatos afines entre las designaciones. El blindaje judicial es siempre un objetivo anhelado.
Esta lógica transaccional es la misma que rige en las negociaciones de la Casa Rosada con quienes dirigen a los senadores y diputados aliados, ya sean de la oposición que busca dialogar o adversarios temporales, cuyas votaciones son cruciales para que los proyectos impulsados por el Ejecutivo prosperen. También se refleja en las incipientes discusiones de cara a las elecciones del próximo año, aunque las negociaciones no siempre transcurren con facilidad.
En todos los casos, las relaciones del Gobierno con el resto de la dirigencia política no libertaria están marcadas por la conveniencia y la desconfianza recíproca.
