La defensa de Schoklender comenzó a exponer sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal N° 5 durante la jornada de alegatos finales. Entre los principales planteos, volvió a cuestionar el tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y sostuvo que se habría vulnerado el denominado “plazo razonable”.
El planteo fue realizado por la defensa oficial, que señaló que insistirá sobre la extensión del proceso y la presunta afectación de las garantías vinculadas con el plazo razonable.
La causa investiga un presunto desvío de más de $748 millones que habían sido destinados, entre 2008 y 2011, a la construcción de viviendas sociales. Los fondos provenían del entonces Ministerio de Planificación, a cargo de Julio De Vido, y fueron transferidos a la Fundación mediante convenios suscriptos con distintas provincias y municipios, sin procesos de licitación.
Según la acusación, más de $200 millones de ese monto habrían sido desviados, lo que representa aproximadamente el 23% de los recursos asignados al programa.
El paso del tiempo también fue utilizado como argumento por otros imputados. En la última audiencia, el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala pidió, a través de su defensa, que se declare extinguida la acción penal por prescripción.
Durante los alegatos, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF), que interviene como querellante, solicitaron las penas máximas previstas para los acusados, de seis y cuatro años de prisión, según la situación de cada uno.
Entre los principales acusados se encuentran el exministro de Planificación Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, Fatala y los hermanos Schoklender, quienes se desempeñaron como apoderados de la fundación que administró el programa de construcción de viviendas.
