Sin embargo, la audiencia no tuvo lugar debido a la ausencia de Negre. Villarruel llegó cerca de las 11 de la mañana, acompañada por su custodia, y permaneció en el juzgado del cuarto piso del edificio judicial. Ahora, Casanello deberá decidir si convoca a una nueva fecha o si opta por avanzar con el proceso judicial por otros medios.
La denuncia se originó a partir de un mensaje que Negre difundió en X el año pasado, en el cual tildó a Villarruel de “traidora y golpista” del gobierno de Javier Milei. Este conflicto inició después de que la vicepresidenta facilitara una sesión en el Senado donde la oposición aprobó legislación que el Ejecutivo objetó, incluida la emergencia en discapacidad.
Negre, en respuesta a la denuncia, afirmó que se iba a defender “con uñas y dientes” y que la acción legal no lo iba a “amordazar”. Además, lo acusó de adoptar “tintes autoritarios” y reiteró su apoyo al gobierno de Milei. Actualmente, Negre reside en Estados Unidos, donde dirige medios afines al trumpismo.
Este no es el primer enfrentamiento legal de Villarruel contra periodistas. Anteriormente, también presentó denuncias contra Eduardo Feinmann y Pablo Rossi por comentarios realizados antes de la sesión de autoridades del Senado de este año, aunque la jueza María Servini desestimó dicha denuncia. Igualmente, había realizado una denuncia contra el diputado Luis Petri, quien la había llamado “golpista”; en este caso, el juez Sebastián Ramos archivó la causa por inexistencia de delito.
Un patrón se repite en cada una de estas situaciones: la vicepresidenta sostiene que su honor y su investidura han sido dañados, mientras que la Justicia determina que se trata de manifestaciones periodísticas o políticas que no constituyen delito. La tensión subyacente persiste desde hace más de un año: una creciente disidencia entre Villarruel y el círculo cercano a Milei.
