Dicha sesión especial cuenta con el respaldo de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y un sector de Provincias Unidas, incluidos los representantes cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora, quien ha manifestado una postura más distante respecto a la Casa Rosada tras la discusión por Zonas Frías. Por lo tanto, aún necesitan sumar más de una docena de votos para alcanzar el quórum necesario.
El PRO y la UCR han expresado abiertamente sus críticas hacia el jefe de Gabinete, impulsando su renuncia o destitución. Mientras algunos senadores han anticipado su voto a favor de una moción de censura, en la Cámara de Diputados han evitado pronunciarse de manera concreta sobre la sesión del martes. “Históricamente no otorgamos quórum en sesiones que no convocamos nosotros”, comentó un diputado del PRO.
Dentro del bloque liderado por Cristian Ritondo buscan una salida a una situación compleja: son conscientes del costo político que implicaría no asistir a la sesión, pero al mismo tiempo deben salvaguardar su alianza electoral con La Libertad Avanza hacia 2027, particularmente en las provincias de Buenos Aires. “Queremos que actúen como Luzu con Florencia Peña”, bromeó otro diputado, aludiendo al despido de la conductora tras la polémica relacionada con la salud del padre de Messi.
Los radicales comparten una postura similar: no desean “proteger” a Adorni, pero tampoco se sienten cómodos votando junto al kirchnerismo en contra del Gobierno. La situación del ministro ha cobrado relevancia más allá del ámbito político, y el tema se ha instalado en la sociedad, generando enojo, ironía y descontento, sobre todo entre aquellos que consideraron al gobierno nacional como una verdadera alternativa de cambio.
Los bloques que responden a gobernadores aliados continúan manteniendo el suspenso, a la espera de que la Casa Rosada les evite una situación incómoda en el Congreso. No desean quedar vinculados a la problemática del Jefe de Gabinete, aunque tampoco quieren ser quienes decidan su destino final. Hasta el momento, no han encontrado una forma de manejar ambas cuestiones.
Frases como “sin definiciones”, “no se discutió en el bloque” o “aún no se ha tratado con el gobernador” se pueden escuchar de legisladores de Innovación Federal (Salta y Misiones), Independencia (Tucumán), Elijo Catamarca, Producción y Trabajo (San Juan), Por Santa Cruz y La Neuquinidad. Estos bloques suman alrededor de veinte votos que podrían definir el futuro de Adorni.
“Esto lo tiene que resolver el Poder Ejecutivo o la Justicia. Adorni es un problema de Milei, no nuestro”, indicaron cerca del legislador catamarqueño Jalil. En esa provincia no existen definiciones claras respecto al quórum o a la votación de la interpelación, pero se siente que es urgente que la Casa Rosada aclare la situación, para no forzar a los aliados a quedar en una postura incómoda que podría ser perjudicial para la administración central.
Desde el gobierno tucumano, liderado por Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas más cercanos a Milei, enfatizaron que corresponde al Presidente tomar una decisión, considerándolo un asunto “exclusivo”. Ambos gobernadores del PJ han señalado, cada uno a su manera, la suficiente distancia para que el Gobierno comprenda su situación ante el proceso legislativo en torno a Adorni.
En Salta, la postura es similar a la de Catamarca: “El Presidente es quien tiene la facultad de elegir y remover a sus funcionarios. No es un tema que deba tratarse en el Congreso. Lo de Adorni se debe resolver en la Casa Rosada”, manifestaron allegados al gobernador Gustavo Sáenz.
En San Juan, las señales son de cautela y tienden a favorecer al gobierno nacional; su representante no se alinearía con el bloque opositor que impulsa la interpelación. Santa Fe, por su parte, optó por la reserva respecto a su postura, aclarando que se ocuparán de discutir los temas pertinentes a su provincia.
En Chubut, Ignacio Torres se alinea con la posición del PRO a nivel nacional, considerando que Adorni debería renunciar o ser interpelado. En Entre Ríos no hay una postura pública clara, aunque Rogelio Frigerio, cercano a la Casa Rosada, no parece inclinarse en contra de sus intereses.
En Córdoba, la opinión es contundente: “Nuestros diputados se sintieron traicionados porque el Jefe de Gabinete les mintió en una reunión institucional y han solicitado su renuncia”, expresaron en el entorno de Llaryora, añadiendo que el gobierno provincial no tiene nada que aportar al debate.
La semana pasada, los siete legisladores cordobeses del peronismo pidieron la renuncia del ministro en un comunicado conjunto. Pocos días después, su postura se mantuvo sin cambios. “Se mintió al Congreso y se engañó a la población”, señalaron, aclarando que sus cuestionamientos solo se centran en la situación política e institucional de Adorni, separando el proceso judicial.
Por otro lado, en el peronismo hay temores sobre “sentar un mal precedente”, que en el futuro podría resultar en su desventaja. Subrayaron que nunca en la historia se ha destituido a un jefe de Gabinete mediante moción de censura, y existen dudas sobre el requerimiento reglamentario de mayoría para destituir a Adorni.
La mayoría entendía que un proyecto de interpelación sin dictamen de comisión requeriría dos tercios de los votos, pero el acuerdo entre Patricia Bullrich y sus aliados en el Senado podría favorecer la necesidad de solo una mayoría absoluta (la mitad más uno).
En definitiva, el Gobierno ha colocado a sus aliados en una posición comprometida. Ninguno de los gobernadores está dispuesto a defender a Adorni ni su situación, pero al mismo tiempo, no quieren asumir la responsabilidad de actuar como verdugos. La gran interrogante se centra en hasta dónde llegará su paciencia.
