Este tipo de violencia carece de una tipificación específica en el Código Penal argentino, y actualmente se discuten distintas propuestas para establecer un marco legal que lo contemple en la Cámara de Diputados.
La relevancia del tema se ha visto impulsada por el primer aniversario del asesinato de Joaquín Ruffo, un niño de ocho años que fue asesinado por su padre, Alejandro Ruffo, quien posteriormente se quitó la vida en prisión. El padre había declarado que cometió el crimen para “mandarle un mensaje a la mamá”, tras la decisión de Natalia Ciak de divorciarse de él.
En este contexto, diversas organizaciones llevaron a cabo movilizaciones en distintas localidades del país para pedir la aprobación de la Ley Joaquín. El objetivo es visibilizar una forma de violencia que, según advierten, utiliza a los hijos como un medio para infligir daño psicológico a las madres.
“La violencia vicaria tiene como propósito continuar causando sufrimiento a la mujer a través de sus seres queridos, especialmente de sus hijos”, afirmó un representante del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Argentina.
Esta organización también alertó sobre un panorama de “madres desesperadas” y “niños y niñas alejados de sus figuras de apego”, señalando que muchas infancias se ven afectadas por decisiones que no siempre toman en cuenta su voz ni su sufrimiento.
“Pensábamos que eran casos aislados, pero los testimonios llegaron desde todos los rincones del país”, destacaron, subrayando que “detrás de cada ubicación hay una historia real”.
Los últimos informes disponibles de la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia presentaron una variedad de situaciones de violencia doméstica que involucran a niños, niñas y adolescentes, aunque no reflejan un registro específico sobre violencia vicaria.
Durante 2025, la OVD registró un total de 4.207 situaciones evaluadas por sus equipos interdisciplinarios que afectaron a menores. En el 81% de estos casos, el vínculo entre las personas implicadas y las denunciadas era de tipo filial.
El informe también menciona que 87 niños, niñas y adolescentes fueron identificados como activos en situaciones de violencia en las denuncias realizadas en ese año, lo que representa el 0,84% de las 10.280 personas denunciadas. La mayoría de estos casos correspondían a adolescentes de entre 13 y 17 años, con un 72% siendo varones.
Entre las denuncias, el 34% se refería a hechos de violencia física o sexual en relaciones de noviazgo, principalmente entre adolescentes; el 33% estaba relacionado con el uso problemático de sustancias psicoactivas o problemas de salud mental; el 18% correspondía a otros tipos de violencia familiar y el 15% restante se refería a comportamientos que afectaban la integridad sexual de otros menores.
Con respecto a los casos vinculados a noviazgos, seis de cada diez denuncias fueron presentadas por terceras personas, mayormente padres o madres de quienes se vieron afectados. Asimismo, los casos relacionados con el consumo problemático de sustancias o problemas de salud mental fueron denunciados por familiares que conviven con los menores, siendo las madres quienes realizaron la mayoría de las denuncias. En ocho de diez de estos casos se pidió internación o tratamiento.
Para las organizaciones que solicitan una legislación específica, es fundamental identificar las diversas formas de violencia para intervenir antes de que las consecuencias se agraven.
“No todas las violencias son iguales. Reconocer estas características es esencial para prevenirlas, atender a las víctimas y actuar de manera adecuada”, señalaron, y enfatizaron: “Nombrar las violencias no divide; permite comprenderlas para combatirlas de manera más eficaz”.
Desde el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria Argentina, se solicita la creación de una ley específica, ya que la violencia vicaria “existe”, con consecuencias “reales”, y “el tiempo de la infancia no espera”.
Los proyectos para abordar esta problemática se encuentran en discusión en las comisiones de la Cámara de Diputados, tras haber comenzado reuniones informativas en un plenario, aunque aún no han recibido una sanción definitiva. La discusión incluye iniciativas que tienen como finalidad incorporar herramientas específicas para abordar este tipo de violencia y establecer mecanismos de protección para las mujeres y los menores involucrados.
Las organizaciones demandan que esta problemática sea reconocida en el ámbito legal y judicial, con el fin de prevenir que situaciones de violencia se interpreten únicamente como conflictos entre adultos.
“La conversación nunca debería centrarse en proteger reputaciones, sino en prevenir, reconocer y erradicar la violencia”, plantearon, añadiendo que “cuando la prioridad es proteger la imagen de quienes no ejercen violencia, en lugar de enfrentar a quienes sí lo hacen, el problema deja de ser la violencia y se convierte en la incomodidad de hablar de ella”.
“Así como un diagnóstico correcto puede salvar una vida, identificar adecuadamente una forma de violencia puede cambiar una historia”, concluyeron.








