Por unanimidad, el máximo tribunal confirmó un fallo de la Cámara Federal de La Plata que había invalidado los artículos del decreto que eliminaron el control estatal sobre los precios de los planes de salud.
El caso se originó en el reclamo de una mujer que sostuvo que la cuota de su plan aumentó un 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según planteó, si se hubiera aplicado una resolución previa del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.
La causa llegó a la Corte a raíz de los recursos presentados por la empresa de medicina prepaga y el Estado Nacional. Con los votos de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el tribunal confirmó parcialmente la sentencia: sostuvo la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, pero dejó sin efecto la orden de la cámara que obligaba a la empresa demandada a limitar los aumentos al porcentaje del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A partir de la decisión, la Superintendencia de Salud deberá volver a ejercer sus atribuciones para revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones, además de fiscalizar y garantizar que los aumentos sean razonables. Estos deberán estar fundados “en variaciones en la estructura de costos” y en un “razonable cálculo actuarial de riesgos”.
En el fallo, la Corte recordó que las facultades legislativas del Poder Ejecutivo son excepcionales y tienen límites. Señaló que los considerandos del decreto no ofrecen una justificación mínima de las circunstancias extraordinarias que habrían motivado los cambios al sistema. También sostuvo que no alcanza con afirmar que existe una “crisis del sistema de salud” que obliga a “aumentar la competitividad del sistema” y que, para lograrlo, “se deben liberar las restricciones de precios al sistema de medicina prepaga”.
Para el máximo tribunal, esas afirmaciones generales no prueban que hubiera una urgencia que exigiera actuar de inmediato, en un plazo incompatible con el trámite habitual de una ley. Además, consideró que tampoco se acreditó un vínculo concreto entre la emergencia económica y social invocada por el Poder Ejecutivo y la necesidad de quitarle facultades de control a la autoridad de aplicación.
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