Este procedimiento resulta alarmante para muchas pymes, ya que, más allá de los embargos simples de cuentas bancarias, se están notificando a los clientes de que los pagos correspondientes a las facturas deben ser depositados en cuentas de ARCA en lugar de en las de las empresas.
Este tipo de embargo interrumpe drásticamente el flujo de fondos de las pymes. A su vez, muchas de estas empresas cuentan con saldos a favor en impuestos que no pueden compensar debido a estas restricciones, creando así un efecto doblemente perjudicial.
La inquietud de los empresarios en el interior del país es notable, y se suma a la problemática del aumento del costo del gas, especialmente en la región norte, donde los precios se dispararon entre tres y cuatro veces durante el invierno, cuando la demanda domiciliaria se incrementó.
Estos son dos de los problemas más urgentes que el gobierno debería abordar en el sector industrial, aunque parece haber una escasa voluntad para hacerlo. Por el contrario, testimonios de contadores señalan un aumento en las fiscalizaciones y los controles sobre empresas y particulares desde la implementación de la iniciativa Inocencia Fiscal este año.
Rappallini ha solicitado nuevamente una audiencia con Luis Caputo en el Palacio de Hacienda. Si bien su intención no es revertir el actual orden macroeconómico, considera que el Estado podría hacer más para suavizar la difícil transición que enfrentan las fábricas.
La semana anterior, representantes del área impositiva de la UIA se reunieron con funcionarios de ARCA, presentando una propuesta para suspender las intervenciones de este organismo en las empresas, aunque aún no han recibido respuesta.
Un punto de desacuerdo notable entre Rappallini y las expectativas del gobierno es la inflación, ya que él sostiene que no debe ser el único objetivo del plan gubernamental. “Es necesario considerar también la actividad económica y el empleo. En el mundo, los procesos de estabilización suelen extenderse porque es fundamental ajustar todas las variables y tener una visión sistémica que permita a las empresas adaptarse sin que se afecte el empleo y la actividad económica en gran medida”, afirmó Rappallini a un grupo de periodistas.
Los empresarios presentes en el encuentro aplaudieron su discurso, que describía con claridad las necesidades del sector para poder adaptarse a una nueva economía de mercado, evitando un conflicto directo con el Gobierno.
Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina, subrayó que “en el campo compartimos preocupaciones comunes con la industria, como la presión fiscal y los litigios”. Por su parte, Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, consideró que el mensaje de su colega de la UIA “es muy positivo”, al buscar soluciones que beneficien a su propio sector.
