El máximo tribunal dispuso que el expediente quede a cargo del Juzgado Federal N°3, conducido por el juez Daniel Rafecas.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti aceptaron el recurso de queja presentado por Mario Alberto Villar, fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal. El funcionario había cuestionado que la competencia del caso se asignara al juez federal de Campana Adrián González Charvay.
Villar había recibido decisiones adversas en las instancias anteriores. En octubre de este año, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso que buscaba cambiar de juzgado la causa por presunto lavado de activos. El fiscal acudió entonces a la Corte Suprema, que finalmente resolvió a su favor.
La investigación busca determinar si hubo lavado de dinero en la compra de una mansión situada en Villa Rosa, Pilar, registrada a nombre del monotributista Luciano Pantano y de su madre, la jubilada Ana Conte.
Ambos son señalados como presuntos testaferros del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, porque sus ingresos no se corresponderían con el valor del inmueble, de 105.000 metros cuadrados y tasado en más de 20 millones de dólares.
La decisión del máximo tribunal supone un revés para los intereses de la entidad rectora del fútbol argentino, que busca concentrar en Campana las distintas causas que involucran a su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia.
Los jueces aceptaron intervenir para “encauzar el litigio y corregir los excesos deformantes de su trámite” en la discusión sobre qué juzgado debía llevar adelante la investigación.
“La garantía de juez natural se ha visto afectada de modo severo e inequívoco a través de una prístina y grosera violación a las reglas de competencia y un evidente apartamiento de las constancias de la causa y la normativa aplicable”, sostuvieron.
Aunque el traslado inicial de la causa a Campana se había apoyado en que allí está ubicado el inmueble, la Corte Suprema destacó que existen “elementos objetivos suficientes para vincular territorialmente el hecho con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Entre esos elementos, señaló que Real Central SRL, la sociedad mediante la cual se habría comprado la propiedad, tiene domicilio en la ciudad y que la escritura de adquisición también se firmó allí. Además, indicó que la AFA tenía su sede en territorio porteño cuando ocurrieron los hechos.
Sobre la investigación, los jueces consideraron que “es claro que se trata de una pesquisa compleja de lavado de activos, a través de un presunto entramado societario y financiero destinado a canalizar, administrar y legitimar activos de origen presuntamente ilícito mediante la utilización coordinada de diversas personas físicas y jurídicas”.
También afirmaron que, aunque la mansión dio origen a la denuncia y a la apertura del expediente, “de ningún modo abarca el objeto de investigación”.
La Corte cuestionó, además, la decisión de Casación que rechazó el pedido de Villar para trasladar la causa a Comodoro Py. Señaló que “centró su análisis en la competencia en razón de la materia pero pasó por alto los agravios del Ministerio Público Fiscal relativos a la competencia territorial, según los cuales corresponde que intervenga la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.







