Este tratado ha entrado en vigor tras la publicación del Decreto 1010/2026 y establece la creación de una zona de libre comercio para bienes y servicios. La firma del acuerdo tuvo lugar el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro, Brasil, y sus disposiciones están alineadas con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Uno de los aspectos más relevantes del convenio es el esquema de reducción progresiva de aranceles. Este cronograma prevé la eliminación total de los derechos de importación desde el inicio de la vigencia del acuerdo, así como períodos de desgravación de 15 años para ciertos sectores. Además, se prohíben nuevos aumentos en los aranceles aplicados a productos originarios de las partes.
El acuerdo también incluye mecanismos orientados a facilitar las operaciones comerciales y a disminuir los costos administrativos. Entre las medidas adoptadas figura el ingreso sin aranceles de muestras de valor insignificante y la admisión temporal, con suspensión de tributos, de equipos profesionales, bienes para ferias y ciertos materiales de transporte.
Asimismo, se han simplificado los procedimientos para bienes enviados al exterior para su reparación, que podrán reingresar siempre que mantengan su función original.
El convenio también establece normas para las licencias de importación y exportación, limitando las restricciones cuantitativas que carezcan de justificación. Si alguna de las partes implementa medidas restrictivas para productos alimentarios considerados críticos, deberá notificarlo previamente y responder a las consultas técnicas en un plazo máximo de 30 días.
Para supervisar la implementación de las reglas de origen y las condiciones de acceso a los mercados, se ha creado un Subcomité de Comercio de Bienes y Reglas de Origen, encargado de coordinar consultas técnicas y elaborar recomendaciones ante posibles diferencias en la clasificación arancelaria.
Desde la Cancillería se ha destacado que el acuerdo tiene como objetivo también incrementar el flujo de inversiones. Se ha puesto en relieve el potencial de Singapur para atraer capitales en sectores relacionados con la provisión de minerales y fuentes de energía.
Fernando Brun, secretario de Relaciones Económicas Internacionales, ha manifestado que este convenio representa una plataforma para captar inversiones, resaltando el tamaño del fondo de inversiones de Singapur, cuyas activos ascienden a cerca de 100.000 millones de dólares. Según detalló, actualmente solo un 4% de esos fondos se destina a América Latina.
Durante el debate legislativo, el senador Francisco Paoltroni respaldó la apertura comercial como herramienta para reducir el rezago en el intercambio, mientras que otros legisladores, como Jorge Capitanich, señalaron la necesidad de fortalecer los controles técnicos a través de organismos como el INTA y el INTI.
La normativa fue firmada por Victoria Villarruel y Martín Alexis Menem, quedando incorporada al Registro Oficial tras su promulgación.
