Un estudio genético, desarrollado tras casi diez meses de investigación, identificó a Vera Contardo con una probabilidad superior al 99,9999 %, según lo informado oficialmente. La atención pública sobre este caso se intensificó después de que una investigación periodística revelara su ubicación en la ciudad de Miramar, en la provincia de Buenos Aires.
El ministro a cargo de las causas de Derechos Humanos, Álvaro Mesa Latorre, se reunió con los familiares de Vera para comunicarles los resultados del análisis. Mesa Latorre destacó que el informe genético es de carácter reservado y solo puede ser compartido con su núcleo familiar directo, conforme a las normativas del Banco Genético de Familiares de Detenidos y Ejecutados Políticos del Servicio Médico Legal.
La historia de Bernarda Vera Contardo está ligada a uno de los períodos más oscuros de la historia chilena. Vera, que fue militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y docente en la escuela de Puerto Fuy, fue detenida en octubre de 1973 a la edad de 27 años, acusada de participar en un asalto a un retén policial en Neltume, cerca de la frontera con Argentina. Su caso está documentado como uno de desaparición forzada por el informe de la Comisión Verdad y Reconciliación (Rettig), publicado en 1991, que sugirió que fue ejecutada en el puente Villarrica sobre el río Toltén, en la región de La Araucanía.
Un giro importante en la investigación ocurrió en septiembre de 2025, cuando un reportaje de una cadena chilena localizó a una mujer en Miramar que coincidía con la identidad de Vera Contardo. Este descubrimiento se produjo en el marco del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), una política implementada por el gobierno de Gabriel Boric para aclarar el destino de más de un millar de víctimas de desaparición forzada durante el régimen.
A raíz de esto, el gobierno ordenó la apertura de una investigación judicial, confiando a la justicia la validación científica de la identidad de la mujer. La causa fue asignada al Primer Juzgado del Crimen de Temuco. El reportaje había mencionado que “en algunos casos, muy excepcionales, este proceso ha revelado incongruencias con las conclusiones de las Comisiones de Verdad”, presentando el caso de Vera Contardo como un ejemplo, ya que testigos afirmaban haberla visto fuera de Chile tras la supuesta fecha de su desaparición.
La confirmación científica de su identidad no solo redefine la historia de una persona que durante más de cinco décadas figuró en las listas de desaparecidos, sino que también subraya la complejidad de los proceso de recuperación de la memoria histórica. El Plan Nacional de Búsqueda, lanzado en 2023, fue considerado un avance significativo en la búsqueda de la verdad y la memoria.
El actual gobierno de José Antonio Kast ha anunciado la continuidad de este programa, aunque ha reducido su presupuesto en alrededor de un millón de dólares, lo que ha generado preocupación entre las familias de las víctimas y las organizaciones de derechos humanos.
El régimen militar de Augusto Pinochet, que se extendió desde 1973 hasta 1990, dejó más de 40.000 víctimas, entre ejecutados, detenidos desaparecidos, presos políticos y torturados, según datos oficiales. Más de 3.200 opositores fueron asesinados por agentes del Estado.
