La reciente legislación aprobada en Francia establece un precedente inédito para la Unión Europea. A partir del 1° de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar europeo, ningún menor de 15 años podrá crear nuevas cuentas en plataformas digitales.
Aquellos millones de chicos franceses ya activos en redes como TikTok, Instagram, Snapchat o X, deberán esperar hasta enero de 2027, cuando las compañías estarán obligadas a identificar y suspender todas las cuentas de menores. Además, se prohibirá el uso de teléfonos celulares en las escuelas secundarias, tal como ya se hacía en las primarias, debiendo permanecer guardados en lockers o apagados en las mochilas durante todo el horario escolar.
En Argentina, el debate, que hasta hace poco se limitaba a recomendaciones educativas y “pactos parentales” en grupos de WhatsApp, ha cobrado impulso legislativo en los últimos meses. Esto ha ocurrido especialmente luego de la prohibición a menores implementada en Australia y las restricciones dispuestas en Gran Bretaña.
La inquietud gira en torno a si el Estado tiene la capacidad efectiva de obligar a gigantes como Meta, TikTok o Google a cerrar las cuentas de los adolescentes. Otra cuestión que se plantea es si sería viable establecer un “apagón digital” en las aulas argentinas. No existen respuestas claras, dado que estas son cuestiones aún sin leyes específicas en el país.
Es fundamental analizar si debería establecerse una “mayoría de edad” para el uso de las redes y, en caso afirmativo, qué tipo de contenidos podrían considerarse “libres” para acceso sin restricciones.
Roxana Morduchowicz, doctora en Comunicación y consultora de Unesco, sostiene que no apoya la prohibición de las redes sociales para quienes superan los 13 años, límite actual para abrir una cuenta. “Si bien las redes presentan riesgos, privar a los adolescentes de acceso podría hacerlo más propensos a visitar espacios en Internet sin regulación, que serían incluso más peligrosos”, comenta.
Morduchowicz plantea que si el objetivo es proteger a los jóvenes del acoso cibernético, la prohibición en sí misma garantiza la desaparición del problema: “El bullying se manifestará de alguna manera, ya que el medio son solo las redes, no el origen del problema”.
La experta enfatiza la necesidad de que los jóvenes comprendan el significado e implicaciones de la intimidación y el acoso digital, en lugar de simplemente restringir su acceso. También resalta que la prohibición ignora las oportunidades que las redes brindan para el aprendizaje y la comunicación.
Un argumento más, según asegura, es que la sobreprotección digital podría dar lugar a un efecto contrario, haciendo que sean más vulnerables cuando usen las redes. “Es difícil enseñar un uso reflexivo y apropiado de las redes sociales si los adolescentes no tienen acceso a ellas”, subraya.
Por ello, enfatiza la necesidad de “una educación en ciudadanía digital que les permita a los estudiantes reflexionar y debatir sobre la tecnología de manera crítica y ética”.
El presidente Emmanuel Macron, en París, expresó con firmeza su postura: “Los dejamos en una jungla que les roba la atención. Las emociones de nuestros hijos no están a la venta ni son manipulables por algoritmos”. La base científica que respalda la ley francesa fue proporcionada por la agencia de salud del país, así como comisiones parlamentarias que estudiaron el impacto de TikTok.
Los informes concluyeron que “la exposición prolongada al scroll infinito puede llevar a graves cuadros de depresión, pérdida de autoestima, trastornos del sueño, sedentarismo y situaciones peligrosas de ciberacoso”.
En Argentina, el vacío legal en esta temática es total. Morduchowicz menciona que “todo depende de la jurisdicción”, indicando que la Secretaría de Educación de la Nación no ofrece lineamientos claros. Las condiciones de uso de plataformas como Meta o TikTok establecen una edad mínima de registro de 13 años, aunque en la práctica el control es casi inexistente, dado que muchos mienten sobre su fecha de nacimiento al crear una cuenta. Sin embargo, la presión internacional está impulsando iniciativas en el Congreso y en las legislaturas provinciales.
Una de las propuestas más significativas a nivel nacional es la Ley de Acompañamiento Parental, que busca crear un esquema de responsabilidad compartida entre el Estado, las familias y las empresas tecnológicas. Esta normativa estipula que los adolescentes de entre 14 y 16 años solo podrán utilizar las plataformas si cuentan con el consentimiento explícito y rastreable de sus padres, permitiendo la autonomía digital a partir de los 16 años.
Paralelamente, en el Senado se están debatiendo propuestas más drásticas, como la de un legislador que busca desactivar los rasgos adictivos de las plataformas que utilizan los menores. Esta incluyen la prohibición de notificaciones automáticas durante la madrugada y la ocultación de los contadores de “me gusta”.
En el ámbito provincial, la Provincia de Buenos Aires se destaca por su reclamo regulador, con un proyecto de ley que establece una edad mínima estricta de 13 años para operar en su territorio, sancionando a las empresas que no cumplan.
“Reducir la discusión a ‘prohibir según la edad’ simplifica un problema mucho más complejo. En los países donde se implementó, gran parte de los menores igual accede: miente sobre su edad, se mueve a plataformas con menos control o encuentra formas de eludir la verificación”, afirma la directora de una organización que promueve un uso seguro de Internet.
Un estudio realizado en el Reino Unido reveló que un tercio de los jóvenes había sorteado ya los sistemas de verificación de edad. “Esto resulta en más desprotección, porque acceden con perfiles de adultos, sin las limitaciones diseñadas para menores”, detalla.
La experta sostiene que la protección debería estar contemplada en el diseño mismo de las plataformas, “antes de que el daño ocurra”, y que la regulación no debería depender únicamente de una barrera de edad.
Se plantea también la necesidad de analizar el tipo de acceso permitido: por ejemplo, permitir acceso a Wikipedia, pero restringir el uso de redes sociales como TikTok o Instagram para los menores de 15 años.
“No es lo mismo utilizar una plataforma con fines educativos y mediación adulta que el uso sin supervisión de redes sociales que buscan maximizar el tiempo de conexión. El contexto y el diseño son determinantes”, concluye.
De acuerdo a un informe reciente, seis de cada diez chicos de 8 años en Argentina poseen un celular personal, y no existe consenso sobre la validez de su prohibición en las escuelas. El estudio analizó la expansión del uso de dispositivos entre los estudiantes y la normativa adoptada en diferentes países y jurisdicciones. Además, un 23% no tiene un dispositivo propio, pero usa el de un familiar, y solo el 18% carece de accesibilidad a un celular.
Las variaciones entre provincias son significativas; en Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, más del 65% de los alumnos de tercer grado tienen celular propio, mientras que en Misiones y Formosa esa cifra ronda el 40%. También se evidencian diferencias según el nivel socioeconómico, con el 63% de los estudiantes del quintil más alto poseyendo un dispositivo propio, frente al 52% en el quintil más bajo.
