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El Gobierno avanza en la privatización de empresas estatales en medio de controversias sobre tasaciones

21 julio, 2026
El Gobierno avanza en la privatización de empresas estatales en medio de controversias sobre tasaciones
El Ejecutivo Nacional ha manifestado desde el inicio su deseo de privatizar una gran parte de las empresas estatales. El plan inicial, contemplado en la Ley de Bases, preveía que unas 40 empresas pasarían al sector privado. Sin embargo, esta cifra fue reducida a aproximadamente ocho, y no sin generar controversias.

Las privatizaciones suelen suscitar controversias y suspicacias, y en esta ocasión se generan preguntas, particularmente en relación a la metodología utilizada para establecer las valuaciones, que resulta crucial para determinar el monto que ofrecerán los interesados.

Recientemente, surgió una preocupación respecto a que el Ministerio de Economía sustituyó al Tribunal de Tasaciones de la Nación para que el BICE se encargara de las valuaciones de las empresas en proceso de privatización. Con este objetivo, se creó una Unidad de Valuaciones dentro del BICE, que se encargará de fijar los precios de compañías como AySA, Intercargo y Nucleoeléctrica.

Este cambio no solo impulsó una serie de investigaciones, sino que también generó pedidos de informes en el Congreso y la intervención de la justicia, que está requiriendo datos al Ministro de Economía, Luis Caputo.

La justificación oficial para esta decisión se basa en la afirmación de que el Tribunal de Tasaciones carece de las herramientas necesarias para valorar empresas que generan ingresos futuros. En una entrevista, su presidente, Julio Villamonte, explicó las razones de esta exclusión y su papel en el marco de las privatizaciones. A continuación, se detallan algunos puntos destacados de la conversación.

El entrevistador preguntó: “¿Por qué razón el Tribunal no se ocupó de tasar las empresas sujetas a privatización?”

Villamonte respondió: “El Tribunal de Tasación de la Nación, de manera orgánica, puede actuar en los casos previstos, que son judiciales. Históricamente, el Tribunal ha trabajado en situaciones de expropiación, como ocurrió en los años 90 con Aerolíneas y YPF. La ley exige su intervención solo en casos de expropiación. Cuando desde la Agencia de Transformación de Empresas nos consultaron sobre nuestra posible intervención en las privatizaciones, analizamos la normativa vigente. Sin embargo, esta normativa tiene un sesgo hacia las expropiaciones y establece que no se pueden considerar beneficios futuros. Por lo tanto, el Tribunal no establece el valor de las empresas con base en su potencial, sino en lo que fueron. En resumen, el Tribunal sólo participa en expropiaciones, no en privatizaciones, dado que su normativa y metodología están diseñadas para valorar empresas según su historial y no su potencial futuro.”

Ante una pregunta sobre cómo el Tribunal establecería el valor de una empresa estatal con potencial de desarrollo, Villamonte indicó: “El Tribunal aplica la normativa existente, que se limita al valor contable ajustado de los activos, sin auditar pasivos ni considerar intangibles. En el marco de una privatización, los intangibles son relevantes. Actualmente, estamos trabajando en actualizar las normas para incorporar enfoques internacionales y evaluar intangibles.”

El tribunal tasó aproximadamente 1800 expedientes anualmente. “El BICE realiza las valorizaciones que nosotros no podemos hacer. Tasamos alquileres y concesiones de organismos estatales. Además, somos el órgano rector que proporciona asistencia técnica y actuamos como auxiliares de la justicia.”

Respecto a otros trabajos importantes que lleva a cabo el Tribunal, Villamonte señaló: “Estamos tasando bienes de desarrollos urbanísticos incompletos del programa Procrear. Nuestra tasación es vinculante para la Secretaría de Obras Públicas y sirve de base para que Economía gestione transferencias. Buscamos transparencia y criterios técnicos, dado que el costo de una obra no siempre refleja el valor del inmueble. Hay diferentes modalidades; en ciertos casos, la propiedad del terreno fue del Estado nacional, mientras que en otros perteneció a provincias o municipios. En estos casos, la Nación ha realizado inversiones. Debimos evaluar el valor de dichas inversiones y los terrenos. Algunas de estas obras han sido subastadas, otras aún están en proceso.”

El programa Procrear engloba unos 100 desarrollos urbanísticos, lo que equivale a aproximadamente 100 expedientes. Villamonte ejemplificó: “Una obra en Berazategui fue transferida a la Provincia de Buenos Aires, abarcando unas 1600 viviendas con un avance de obra del 25%. Esta fue tasada en cerca de 14 millones de dólares.”

“Establecimos un criterio técnico para asignar un valor de mercado a estas obras, de modo que puedan ser comercializadas”, concluyó.

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