La atención política se centra en Comodoro Py, donde se llevan adelante investigaciones sobre corrupción, lavado de dinero y narcotráfico. A pesar de su importancia, este fuero se enfrenta a la falta de jueces, con 17 cargos vacantes que representan un 31% del total, y algunos de estos puestos llevan más de cinco años sin ser ocupados.
El edificio de Comodoro Py, que alberga los juzgados de instrucción, las Cámaras revisoras y las fiscalías federales, ha cobrado relevancia en la política, que debe encargarse de llenar estas vacantes.
Con la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia, se ha iniciado un proceso de remisión de pliegos al Senado, circunstancia que había sido estancada en los últimos dos años y medio, y que había alcanzado un acumulado de 313 pliegos con un aumento del 37,5% en cargos vacantes en el Poder Judicial y del 46% en el Ministerio Público. Hasta ahora, se han enviado más de 176 pliegos, con 46 ya aprobados y publicados en el Boletín Oficial para avanzar en la cobertura de esos puestos.
El juez Martín Irurzun, reconocido miembro de la Cámara Federal porteña, inició oportunamente los trámites para solicitar una prórroga, como lo había hecho anteriormente Carlos Mahiques, el padre del actual ministro. Sin embargo, la decisión del Gobierno fue negarle esta extensión, lo que terminó siendo objeto de litigio justo antes de la fecha de su cumpleaños 75, donde la Cámara del fuero Contencioso Administrativo le permitió apelar a la Corte Suprema.
La Constitución Nacional establece que la continuación de los magistrados está limitada por la edad, a menos que el Presidente apruebe una prórroga. “Es una potestad del Jefe de Estado conceder la prórroga o no”, informó un vocero oficial. Así, desde el ámbito del Gobierno se sostiene que “ya está decidido y no va a poder continuar”.
La motivación detrás de esta decisión no es política, según las explicaciones proporcionadas: “Lo que se busca es un cambio en esa Cámara que es estratégica. Incluso, un recambio generacional”, afirmaron fuentes oficiales. La importancia de la Cámara Federal de Apelaciones, de la cual Irurzun es parte hasta el momento, es evidente, ya que cualquier determinación en causas sensibles para el Gobierno pasará por su revisión, en un cuerpo que cuenta con dos Salas y seis magistrados.
Recientemente, el Presidente envió al Senado el pliego de dos jueces para ocupar la Sala I: Pablo Bertuzzi, quien ya forma parte, y Pablo Yadarola. Una vez que Irurzun deje su cargo, este será objeto de concurso, y se asignará un juez de la otra sala como subrogante mientras tanto.
Por el momento, el pedido de Irurzun para permanecer en su puesto no ha sido presentado ante la Corte Suprema, lo que significa que no se conocen los detalles del planteo en el cual se pediría la excusación de Horacio Rosatti, quien fue Convencional Constituyente en 1994. Según trascendió, si el pedido se formaliza en las próximas horas, esto podría complicarse debido a que un ministro del máximo tribunal está de licencia, lo cual implica que no se podrá tratar esta semana, ya que no hay Acuerdo.
“El nombramiento de conjueces se realiza en ese marco”, señaló una fuente judicial, aclarando que la designación requiere tanto un procedimiento formal como un sorteo posterior de 15 días hábiles, salvo que la decisión sea prorrogada por mayoría. Si Rosatti se excusara, tanto Carlos Rosenkrantz como Ricardo Lorenzetti tendrían voz sobre su eventual acortamiento.
A medida que se aproxima la fecha límite para que Irurzun continúe en su cargo, se recuerda que una resolución previa de la Corte, firmada en septiembre de 2023, reafirmó que “un juez mantiene su investidura hasta cumplir 75 años, a menos que obtenga un nuevo nombramiento del Senado.”
