El proyecto busca restituir los “derechos de exportación” que los productores de Formosa han pagado por la exportación de oleaginosas y cereales. Paoltroni estima que el costo fiscal de esta medida sería de 0,00035% del PIB para el año 2025. Con esta aclaración, el legislador persigue cumplir con la intención de Milei de “sostener el equilibrio fiscal”. El texto del proyecto afirma que “las medidas no afectarán los acuerdos fiscales vigentes entre nación y provincias”.
El informe que Paoltroni entregó a la Comisión de Presupuesto y Hacienda detalla el costo fiscal proyectado y plantea como objetivo del régimen el reintegro del total de los derechos de exportación abonados por los productores agrícolas formoseños. El propósito es “promover la competitividad regional y fomentar el desarrollo económico”. Los beneficiarios del proyecto serán tanto personas físicas como jurídicas que puedan demostrar la producción de cereales y oleaginosas en la provincia.
Entre los requisitos establecidos se incluyen el uso de semillas fiscalizadas, la presentación de la carta de porte de granos y el geoposicionamiento del establecimiento productor. Asimismo, el proyecto define el mecanismo de reintegro y determina que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca será la encargada de reglamentar la iniciativa en un plazo de 60 días, contando con la participación de ARCA.
En este contexto, se aclara que, de ser aprobada, la medida permanecerá vigente hasta que se eliminen las retenciones a nivel nacional. Así, el senador ha instado al Poder Ejecutivo a desarrollar un plan fiscal para gestionar los reintegros futuros, garantizando una transición ordenada en la estructura tributaria para no comprometer las finanzas.
Además, se establece que las acciones del proyecto no afectarían los acuerdos fiscales existentes entre la nación y las provincias.
Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia ha solicitado a la provincia de Formosa que se pronuncie en un plazo de 60 días sobre la demanda que se ha presentado en contra del gobernador, a fin de determinar la inconstitucionalidad de su reelección indefinida, la cual le ha permitido ocupar el cargo durante ocho mandatos consecutivos.
Esta decisión, tomada en el transcurso de la semana, se originó a partir de una denuncia del senador Paoltroni. Insfrán ha sido gobernador desde 1995, siendo reelegido de manera continua desde entonces. No es la primera vez que enfrenta denuncias por su reelección ininterrumpida; la Confederación del Frente Amplio Formoseño y el exjuez formoseño Fernando Carabajal han presentado solicitudes similares.
Este desarrollo judicial podría estar acercando la decisión del máximo tribunal sobre el caso. Cabe destacar que existen antecedentes que pueden ser adversos para el gobernador, dado que en 2023 la Corte declaró la inconstitucionalidad de las reelecciones indefinidas en San Juan, Tucumán y Río Negro, sugiriendo que se podría esperar un fallo análogo para Formosa. Aún así, existe una reforma constitucional respaldada por el voto popular, un aspecto relevante considerando lo que ha sostenido el tribunal anteriormente. En 2023, al abordar una denuncia similar, la Corte indicó que el Poder Judicial local debía pronunciarse en primer lugar.
En el informe presentado, se establece que tanto el gobernador como la fiscal tienen un plazo de 60 días para presentar un nuevo descargo, tal como estipulan los artículos 319, 322 y 338 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
