Esta información se desprende del informe titulado “Presupuesto universitario — septiembre 2026” realizado por el Centro de Investigación de Economía Nacional (CIEN), que examina tanto la evolución de los recursos destinados a las universidades como el deterioro de los salarios durante la administración de Javier Milei. Según el estudio, el aumento que se aplicó en junio permitió una leve recuperación, pero no fue suficiente para restablecer los ingresos docentes a los niveles previos al cambio de gestión en el Ejecutivo. Para alcanzar esos niveles, se requeriría un incremento adicional del 28,5 por ciento.
De no recomponer esta caída en los ingresos, el gobierno actual estaría incumpliendo la Ley de Financiamiento Educativo. Un decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA subrayó que el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, afirmó que están cumpliendo la normativa “en la medida que el presupuesto se los permite”. No obstante, se argumenta que el Gobierno debería readecuar las partidas necesarias para asegurar la recomposición salarial, y que actualmente no lo está haciendo. Esto podría llevar a que se apliquen multas personales a los responsables, que incluirían al presidente Milei, la ministra de Capital Humano y el subsecretario.
Por su parte, Franco Bartolacci, presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), añadió que no solo se trata de un riesgo para las universidades, sino también para la institucionalidad democrática del país, ya que una ley se estaría cumpliendo solo cuando a las autoridades les resulta conveniente, y no en los casos en que esto les desagrada.
Los datos también muestran que, antes de la recomposición salarial acordada entre el Gobierno y los gremios en junio de este año, el salario docente universitario había perdido el 35 por ciento de su poder adquisitivo comparado con noviembre de 2023.
Este paro programado se produce en un contexto marcado por esta crítica situación. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales llevó a cabo su huelga de 24 horas, lo que provocó la paralización de las actividades académicas, de investigación y administrativas en universidades de todo el país. Esto se produjo luego de que fracasara la reunión paritaria del 1 de septiembre. Los sindicatos han rechazado la propuesta oficial de un 3 por ciento para septiembre y octubre, reclamando una recomposición salarial que les permita recuperar lo que han perdido.
“Estamos más cerca de la pobreza y la indigencia que de la clase media”, aseveró Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTE-CTERA. Destacó que el salario mínimo para un docente es de 500.000 pesos por media jornada, mientras que una jornada completa apenas llega al millón de pesos. En contraste, la canasta básica total, que marca el umbral de la pobreza, ronda los 1,5 millones de pesos. Según el Indec, se requieren aproximadamente 2,3 millones de pesos para alcanzar el nivel de ingresos que se asocia con la clase media. Además, el Gobierno no ha homologado este piso salarial en la paritaria nacional, y la negociación se volverá a abrir la próxima semana. Si no se logra alcanzar un acuerdo, se prevé que los gremios vuelvan a convocar movilizaciones en el ámbito universitario.
El conflicto no se limita exclusivamente a los salarios. También se encuentra en discusión el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, la cual fue aprobada por el Congreso después de un intento del Ejecutivo de vetarla. El Gobierno no aplica completamente esta normativa, lo que implica el mantenimiento de un ajuste presupuestario sobre las universidades. El informe del CIEN señala que los montos ejecutados desde junio solo han logrado revertir de manera parcial la presión presupuestaria acumulada durante los últimos años.
La dimensión del ajuste es clara al observar la ejecución de los recursos. Durante el primer semestre de 2023 y el mismo periodo de 2026, el presupuesto asignado a la Educación Superior se ha reducido un 40,5 por ciento en términos reales. Esto significa que, a pesar de un aumento nominal, los fondos efectivamente destinados al sistema universitario han perdido cuatro de cada diez pesos en poder de compra con respecto a 2023.
Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, advirtió sobre las dificultades resultantes de la incertidumbre presupuestaria: “No podemos planificar a corto y mediano plazo, ya que no tenemos claridad sobre el presupuesto con el que contaremos. No hay una adecuación a la Ley y hemos estado trabajando, principalmente, con presupuestos prorrogados. En nuestra facultad, por ejemplo, recién a partir de agosto comenzamos a recibir partidas asignadas para gastos”.
Sin embargo, el ajuste ha tenido un impacto directo en los trabajadores universitarios. Según el informe del CIEN, un 81,7 por ciento de la reducción real del presupuesto ha estado relacionada con la disminución del gasto destinado a salarios tanto docentes como no docentes. Específicamente, de los 40,5 puntos porcentuales de ajuste acumulados entre enero y julio de 2023 y 2026, el 22,4 corresponde a salarios docentes y autoridades superiores, mientras que otros 10,7 puntos se atribuyen a las remuneraciones del personal no docente.
El análisis concluye advirtiendo que el presupuesto dispuesto para el año 2026 se encuentra un 25,3 por ciento por debajo de lo ejecutado en 2023, en términos reales.
