La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial respaldó la decisión de primera instancia y ordenó al hombre el pago de 24 salarios equivalentes a los de un empleado de comercio, monto que corresponde al tiempo en que la demandante tuvo que afrontar sola la responsabilidad de tres menores a su cargo.
La historia de la pareja se remonta a 2007, año en que formalizaron su unión a través de un acuerdo convivencial. Durante gran parte de este tiempo, la mujer se dedicó a la venta de tortas y otros productos alimenticios, que, aunque no constituían el único ingreso familiar, eran cruciales en su economía.
Al quedar embarazada, la mujer se vio obligada a interrumpir su actividad comercial para concentrarse en el cuidado de su hijo. Posteriormente, el nacimiento de otros dos hijos complicó aún más su situación.
En 2023, la relación llegó a su fin; el hombre abandonó el hogar y la mujer se quedó con la responsabilidad de sus hijos. En su testimonio, mencionó que la separación la dejó “en situación de desventaja”: carecía de ingresos, ahorros, una profesión y empleo.
“Durante la unión, el hombre avanzó en su desarrollo profesional, laboral y comercial, mientras que la mujer dedicó su tiempo principalmente al hogar, a la crianza de sus hijos y a colaborar activamente en los negocios de su pareja”, apuntó el abogado de la demandante.
El juzgado de primera instancia dictó una sentencia favorable a la mujer, ordenando una indemnización de doce salarios de empleado de comercio, lo que equivalía a $14.420.280. Sin embargo, su expareja apeló ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Pampa.
No solo se ratificó la sentencia anterior, sino que se incrementó el monto, al considerar que 12 meses resultaban insuficientes para que la mujer pudiera reintegrarse al mercado laboral y reorganizar su vida familiar. Así, la compensación fue elevada a 24 salarios mensuales de la categoría correspondiente.
Los jueces María Anahí Brarda y Gustavo Arballo subrayaron la desigualdad que enfrentó la demandante tras la separación.
“Al desaparecer la contribución en las cargas del hogar por parte del demandado, la accionante resultó impedida de mantener su subsistencia, acceso a recursos y posibilidades de las que gozaba, evidenciando que no logró construir un patrimonio propio ni contaba con ingresos individuales que le permitieran vivir de manera independiente, todo ello como resultado del proyecto compartido de su vínculo convivencial”, resume el fallo.
“Las diferencias patrimoniales y de capacidad productiva entre las partes durante toda la convivencia son claras; ello refleja el rol que desempeñaba cada uno en el proyecto familiar”, añadieron.
“Es evidente que la ruptura o cese de la convivencia generó un desequilibrio económico, dejando a la actora en una situación de desventaja, sin ingresos, ahorros, profesión ni trabajo, y con la responsabilidad de cuidar de tres hijos”, concluyeron.








