El fallo no solo reavivó el debate sobre los regímenes especiales de jubilación, sino que también situó a la Corte bajo la lupa de las críticas, dado que se pronunció sobre un caso cuyos efectos económicos podrían beneficiar a uno de sus miembros, quien está próximo a retirarse.
La ley previsional aprobada el año pasado había impuesto un tope equivalente a 20 jubilaciones mínimas provinciales, una cifra que actualmente se aproxima a los $ 13 millones mensuales. Con esta medida, el gobierno pretendía establecer un límite para un grupo reducido de haberes previsionales que llegan hasta $ 18 millones.
No obstante, por una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, la Corte consideró que dicho límite infringe garantías constitucionales y anuló uno de los aspectos centrales de la reforma.
El Ejecutivo provincial reaccionó de inmediato, anunciando que apelará la decisión en todas las instancias judiciales disponibles y cuestionando severamente la participación de los jueces en un expediente del que podrían resultar beneficiados.
Una de las situaciones más conflictivas es la del ministro Eduardo Spuler, quien dejará la Corte el próximo 1° de septiembre y votó a favor de la inconstitucionalidad del límite. Desde el gobierno provincial sostienen que, dada su situación personal, debió haberse apartado del caso. “Podría haberse excusado. Le faltaban apenas unos días para irse. Sin embargo, decidió participar en una sentencia que puede beneficiarlo personalmente”, argumentó el secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso.
La Provincia ya había tratado de apartar a ciertos miembros del tribunal a través de una recusación, alegando un claro conflicto de intereses. Sin embargo, ese planteo fue rechazado por la propia Corte, que finalmente resolvió el expediente con una mayoría mínima.
El gobierno sostiene que la discusión trasciende la constitucionalidad del límite previsional y se adentra en un principio fundamental de transparencia institucional: si un tribunal puede evaluar un régimen con implicaciones patrimoniales directas para quienes lo componen.
La cuestión también tiene repercusiones económicas significativas. Antes de la reforma previsional, el déficit proyectado de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe ascendía a aproximadamente $ 900.000 millones anuales. Después de los cambios aprobados por la Legislatura, el déficit se redujo a cerca de $ 400.000 millones.
De acuerdo con datos oficiales, el régimen jubilatorio del Poder Judicial representa casi el 50% del déficit total del sistema provincial, debido a beneficios que superan los del régimen general y a haberes considerablemente más altos que los de otros jubilados.
Por ello, desde el oficialismo sostienen que el límite cuestionado no afectaba a la gran mayoría de los jubilados santafesinos, sino exclusivamente a un grupo muy reducido de beneficios excepcionales que se concentran en el Poder Judicial.
El fallo ahora amenaza con reabrir un esquema que el gobierno considera financieramente insostenible y políticamente complicado de justificar en un contexto de ajuste sobre las cuentas públicas.
En la administración de Pullaro ya se ha decidido apelar y llevar el caso a las últimas instancias disponibles. Al mismo tiempo, se busca promover el debate sobre la necesidad de que los jueces se abstengan de participar en expedientes donde exista un interés patrimonial directo.
Este fallo, en este contexto, podría convertirse en uno de los mayores conflictos institucionales en Santa Fe en los últimos años, no solo porque cuestiona la reforma previsional más relevante impulsada por la actual gestión, sino también porque plantea dudas sobre la imparcialidad de un tribunal que se pronunció sobre un beneficio que incluye a algunos de sus propios miembros.
