Esta decisión ha sido tomada ante la falta de respuestas a las solicitudes de ajuste a los aranceles, los cuales, según los prestadores, presentan un retraso del 75% en comparación con la inflación acumulada desde que Javier Milei asumió la gestión.
Asimismo, un conjunto de seis asociaciones y cámaras de prestadores a nivel nacional expresó también su creciente preocupación por la continuidad de la atención médica a millones de jubilados y pensionados, resaltando la necesidad de establecer un esquema de actualización que refleje los costos reales del sector y promueva un “modelo prestacional más simple, transparente y sostenible”. Adicionalmente, solicitaron revisar los mecanismos de contratación y financiamiento de ciertas prestaciones, así como implementar “una gestión clara y fundamentada de los débitos y ajustes en la facturación”.
La mencionada limitación de atención se añade a otras restricciones ya existentes por decisiones de la obra social de jubilados y pensionados, tales como la imposición de cupos en prestaciones ambulatorias, que han llevado a que algunos afiliados no puedan recibir atención “en la primera quincena de cada mes”, lo que ocasiona una acumulación en la demanda de turnos.
Andrés Sabalette, gerente del Sanatorio Juan XXIII de General Roca, comentó que el PAMI establece dos cupos: uno por afiliado y otro por prestador. Él considera que el primero tiene cierta lógica si se aplica adecuadamente, ya que permite auditar los pedidos justificados. Sin embargo, el segundo, según él, “no tiene ninguna lógica, excepto para establecer un límite al gasto, sin criterio sanitario alguno, generando una demanda contenida entre los afiliados”.
En el comunicado emitido, las instituciones también indicaron que existen cirugías que “no se pueden llevar a cabo” por la falta de provisión de materiales necesaria por parte del PAMI, lo que hace que los prestadores no puedan asumir esos costos con los aranceles actuales. Ejemplificaron esto con neurocirugías, cirugías urológicas y endoscópicas.
Respecto a los aranceles, las clínicas señalaron que atienden a aproximadamente 300.000 afiliados al PAMI y que, en un lapso de dos años y medio, el retraso ha sido del 75% en relación a la inflación.
Desde el PAMI, en respuesta a la consulta, afirmaron que se está considerando el reclamo de los prestadores sobre los aranceles. “Los vamos a convocar para discutir posibles alternativas en este contexto de estrés presupuestario. Ya hemos mantenido negociaciones que continuarán hasta alcanzar un acuerdo”, manifestaron. Agregaron que históricamente, la Patagonia ha tenido un nomenclador más alto en comparación con el resto del país, y el PAMI siempre se ha esforzado por mantener ese compromiso.
En una reunión reciente, el director de la obra social, Esteban Leguízamo, expresó que se consideraría un incremento de los montos cobrados “que no superaría el 4%” en los próximos meses, además de un ajuste puntual en ciertos estudios de imágenes y prácticas de baja incidencia. Estas medidas fueron evaluadas como “insuficientes” para abordar los reclamos realizados.
“Después de esa reunión, -indica un comunicado-, volvimos a presentar alternativas de actualizaciones parciales, pero hasta ahora no hemos tenido avances significativos ni señales de que ello pueda suceder”. Ante esta situación y tras un periodo de mantener los servicios, el comunicado añade que “no tenemos más opción que reintroducir limitaciones”.
El conflicto por la atención también tiene antecedentes, ya que en abril se suspendieron cirugías programadas que no eran urgentes, seguidas de nuevas restricciones por la falta de respuestas satisfactorias.
Sabalette destacó que desde diciembre de 2023 se realizó un reajuste de aranceles del 130%, mientras que la inflación acumulada ha superado el 300%. Esto implica que necesitarían un aumento del 75% para alcanzar la paridad con la evolución de ambos parámetros. “No estamos cubriendo costos y las diferencias son insalvables”, afirmó el directivo.
Las entidades representativas de los prestadores, en su comunicado, mencionaron un “retraso del 102% en los valores” y ofrecimientos de incrementos de solo 1,9% para junio y julio, que se reflejarían en liquidaciones de agosto y septiembre de 2026.
Particularmente para la región patagónica, el sistema de pagos se organiza por módulos de atención, que comprenden internación, terapia, atención de guardia y diversas cirugías. Por ejemplo, el módulo para atención en guardia está estipulado en $70.000 e incluye “atención del médico, prácticas de enfermería, materiales, suturas, y ciertos medicamentos”, según explicó el directivo. Éste agregó que, aunque no se utiliza todo en cada caso, al sumar costos promedio es evidente que el valor supera el costo del módulo, solo considerando los gastos directos inherentes a la guardia.
Para los centros de salud en estas provincias, la atención a afiliados del PAMI representa entre el 30% y el 40% de sus ingresos. Las instituciones que han emitido el comunicado sobre las restricciones incluyen clínicas como San Miguel y del Valle, el Instituto Pueblo de Luis, Sanatorio de la Ciudad y el Instituto Cardiovascular Rawson en Chubut, así como diversos centros en Río Negro, Neuquén y La Pampa.
El comunicado de las entidades representativas está firmado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami) y otras organizaciones del sector.
